El avance en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas en la capital del país, representa el consenso de los legisladores que durante tres periodos han tomado como responsabilidad política fundamental ofrecer un marco normativo de vanguardia en ese tema.
Este año tendremos en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) más de 70 mil solicitudes de información, así como 70% más recursos de revisión con respecto a 2008. El año pasado se aprobó la Ley de Archivos y la Ley de Datos Personales, lo que abre más espacios a los derechos de los capitalinos y amplía facultades y obligaciones de las instituciones frente a ellos.
El InfoDF es el órgano cuya existencia resume ese avance normativo. La institución representa un triunfo sobre quienes se opusieron a la ley (entre ellos un ex jefe de gobierno) y sobre quienes se resisten (cada vez son menos) a la asociación que debe existir entre transparencia y avance democrático: cualquier persona puede solicitar casi cualquier información a los 135 entes obligados, incluidos los ocho partidos políticos.
Uno de nuestros principales problemas es que los mecanismos para difundir el derecho a la información sufren la restricción derivada de recursos cada vez más reducidos.
Para atender el hecho de que más del 80% de los capitalinos desconocen la existencia de la institución y de su nuevo poder ciudadano, diseñamos un proyecto de comunicación social. En él consideramos un modesto programa de relaciones públicas de 36 mil pesos para seis meses y seis comisionados, y una campaña de difusión apenas superior a un millón 300 mil pesos. Para establecer una comparación, cuyo resultado arroja una descomunal diferencia, Enrique Peña Nieto ha gastado, oficialmente, 157 millones de pesos al año en difusión, en buena parte de su propia imagen. Otros estiman que el gasto llega a 600 millones.
En ese contexto, quienes laboramos en el InfoDF y en las oficinas de información pública del gobierno central, el poder legislativo, el judicial, los órganos autónomos, las delegaciones, los fideicomisos y el conjunto de un gobierno comprometido con el servicio, vimos con sorpresa la llamada que en primera plana presentó el diario La Razón el martes 16 de junio: “INFODF pone precio a periodistas”.
La nota desarrolla la idea enunciada a partir de interpretar y asociar ilógicamente dos hechos: una cotización incluida en una propuesta de presupuesto para desayunos y comidas con diferentes representantes de medios, y la afirmación, agregada por el reportero Julián Andrade, según la cual “en el Instituto de Acceso a la Información Pública (InfoDF) ya le pusieron precio a su relación con reporteros”.
La información y el comentario toman como referente un documento que no se había aprobado hasta el cierre de esta edición, y mencionaban a cinco comisionados explícitamente. A uno no lo menciona. Un reportero podría deducir que la fuente de la información es el integrante faltante en la nota. Podría equivocarse. Podría acertar. Yo los invitó a leerla.
Lo más importante es que advertimos en quien filtró el documento incompleto, el afán de establecer una intención calumniosa en nuestra cordial relación con los informadores: se pretendió dañar la imagen de nuestra institución que, por supuesto, siempre está sujeta a críticas y abierta al debate. Faltaba más.
Es interesante que se omita información del documento filtrado con el propósito mencionado. Por ejemplo, nunca se mencionan nuestra propuesta de elaborar un pronunciamiento sobre el aniversario de la tragedia del News Divine y una propuesta adicional para realizar una conferencia de prensa acerca de una de nuestras colegas, que deja de serlo el 12 de julio.
Afortunadamente, tanto La Razón, al día siguiente; como W Radio, tres días después, nos permitieron ejercer el derecho de réplica garantizado en la Constitución, lo cual agradecemos. Reiteramos aquí que los periodistas y los servidores públicos debemos mantenernos aliados para impulsar la rendición de cuentas.
