En la geografía de la comunicación social, conocer con certidumbre la frontera entre información, publicidad y propaganda gubernamentales obliga a diferenciar y definir con mucha claridad los conceptos. Definitivamente es un trabajo pendiente en el país. La Administración Pública Federal acabó de perder el norte entre las montañas informativas y las llanuras de la propaganda. En efecto, la APF desaparece información gubernamental de oficio en nombre de la equidad electoral.
Es cierto que el artículo 41 de la Constitución prohíbe durante las campañas electorales la difusión de cualquier tipo de propaganda gubernamental salvo “las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”. Sin embargo, esta restricción se ha vuelto motivo para eliminar toda información sobre la gestión pública en los sitios de Internet de varias dependencias federales.
El 8 de febrero pasado, el Acuerdo General CG075/- 2012 del IFE, planteó, entre otras, la siguiente restricción: “podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos siempre y cuando tengan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos logros a su favor”. Esta limitación ha llevado a las dependencias a desaparecer información de oficio muy valiosa como la difusión de programas, acciones, obras o logros de gobierno, etcétera.
¡Desaparecido el presupuesto ciudadano que la Secretaría de Hacienda publicaba desde hace tres años! ¡Imposible saber cuánto gasta el Seguro Popular en la compra de medicamentos, equipamiento y servicios a prestadores privados! Censurada temporalmente también la información sobre programas de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En lugar de aquellos valiosos documentos apareció un aviso: “En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Por ello, del 30 de marzo al 1 de julio de 2012, inclusive, se suspenderá el acceso a las secciones de este portal de Internet que contienen difusión de programas, acciones, obras o logros de gobierno”.
¿Entonces en tiempos de campañas electorales, los gobiernos van a dejar de informar a los ciudadanos? Esta práctica amenaza a toda la labor hecha desde hace 10 años para construir y fortalecer el derecho de acceso a la información en el país. Sin información no se puede asegurar una rendición de cuentas adecuada. No se vale proteger la equidad de las elecciones a costa de otros procesos tan valiosos para una democracia como la transparencia y la rendición de cuentas. Es un camino equivocado que lleva a más confusión, opacidad y desinformación.
Además, esta limitación es contraria al principio de máxima publicidad de la información contenido en el artículo 6º constitucional y el artículo 7º de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que determina que los sujetos obligados tienen que poner a disposición del público y actualizar, entre otras cosas, la información relativa a programas de subsidios y padrones de programas sociales (fracción XI).
Si no se revisan estas disposiciones, mañana los ciudadanos podrían despertar sin poder acceder a la cuenta pública en tiempos electorales. El corazón del problema se ubica no en un choque entre dos derechos sino en la ambigu%u0308edad de la interpretación de términos relacionados a la publicidad oficial. Urgen definiciones claras para delimitar qué es información y publicidad oficial, y desterrar la propaganda para siempre de las prácticas comunicacionales de los gobiernos que sea en tiempos electorales o no.
En efecto, ensalzar logros de los gobiernos debería ser prohibido tanto de cualquier información gubernamental como de toda publicidad oficial. Sin embargo, unas tablas, unas cifras o unos informes de gestión están lejos de ser documentos subjetivos que exaltan los éxitos de los gobiernos en turno. También estos datos revelan las prioridades de la administración, sus dificultades y los obstáculos en la implementación de las políticas públicas. Son herramientas imprescindibles para evaluar a nuestros gobernantes.
