De Australia a Estados Unidos, pasando por España, Francia o Suecia, se está librando una batalla en apariencia invisible: la provocada por la libre circulación de contenidos en Internet, que enfrenta a cibernautas contra empresarios y gobiernos. En mitad de esta guerra se encuentran los creadores, que debaten a qué bando desean apoyar. Los empresarios no quieren renunciar a sus ganancias millonarias por comercializar dichos contenidos, y los gobiernos de las principales economías mundiales intentan bloquear las redes de descargas, acercándose peligrosamente a la censura.
Cuando a principios de este siglo XXI los sistemas P2P, (peer to peer) de intercambio de archivos audiovisuales entre usuarios de Internet,1 como Napster, hicieron posible el libre flujo de contenidos en la Red sin control alguno, de inmediato saltaron las alarmas entre las grandes empresas trasnacionales que comercializan videojuegos, películas, música o libros. ¿Cómo era posible que ciudadanos anónimos pudieran ver películas o escuchar música sin que nadie cobrara por ello? Como era de esperar, las ventas de estas empresas empezaron a caer. Aunque dicho fenómeno fue marginal en un principio, en poco tiempo creció exponencialmente y se convirtió en una amenaza para la industria audiovisual, que al darse cuenta del peligro que representaba para ellos que un número cada vez mayor de internautas intercambiara contenidos, se propuso ponerles un alto con la ayuda de los gobiernos.
Si bien algunos internautas utilizan la Red para obtener ingresos, la mayoría comparte canciones, películas, videojuegos o libros sin obtener beneficio alguno. A pesar de ello, los procesos judiciales en países como Francia, Australia, Japón, Alemania y España, en los que las empresas piden indemnizaciones a los piratas, se multiplican, sin que haya una definición exacta del crimen que persiguen. ¿A quién se considera un pirata? ¿Al usuario que lucra, al que se baja una película de la Red o al que pone en su blog un enlace a una red de descargas? Los gobiernos, rebasados por este fenómeno y presionados por la industria, intentan regular la libre circulación de estos contenidos, pero se muestran incapaces de encontrar la fórmula perfecta de equilibrio entre la legítima defensa de los intereses de creadores y empresas y la defensa también legítima de los derechos de los ciudadanos.
El caso español
El caso de España ejemplifica muy bien este dilema. El 19 de marzo de 2010, el gobierno aprobó un conjunto de medidas para combatir la crisis económica denominado Ley de Economía Sostenible (LES) que incluía un apartado referente a Internet. En él se otorga la facultad al poder judicial de cerrar páginas web de descargas si considera que éstas infringen los derechos de autor y por lo tanto, perjudican a la industria audiovisual que en su conjunto es considerada por el Ejecutivo como uno de los motores de la economía. La disposición, como el resto de las medidas, aún debe pasar por un trámite parlamentario para ser aprobada y puesta en marcha, pero demuestra la postura del gobierno ante este asunto. Desde antes de que dicho anteproyecto de ley fuera aprobado, un número creciente de asociaciones de internautas se ha organizado para intentar impedir que esta norma se apruebe por considerar que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Tal y como está redactada la norma permite a un juez cerrar en un plazo de cuatro días una web de descargas que considere ilegal a petición de un consejo consultivo designado por la Secretaria de Cultura. De esta forma se abre una peligrosa puerta a la censura, porque permite que hasta el dueño de un modesto blog que albergue un contenido protegido por derechos de autor o incluya un enlace a una de estas páginas ilegales, pueda ser perseguido por la justicia.
La batalla comenzó varios meses antes, el 27 de noviembre de 2009, cuando el gobierno presentó por primera vez la llamada Ley antidescargas o Ley Sinde (el apartado de la Ley de Economía Sostenible sobre el bloqueo de webs de descargas cuyo nombre alude al segundo apellido de la actual Secretaria de Cultura, Ángeles González Sinde), que obtuvo como respuesta una movilización sin precedentes en las redes sociales. Éstas, junto con los blogs, se convirtieron en plataformas de denuncia y tuvieron tanto éxito que cinco días después un grupo de 40 periodistas y profesionales de la red redactaron un manifiesto que se extendió rápidamente entre los internautas hasta alcanzar más de 200 mil simpatizantes. Ante esta respuesta, la ministra de Cultura se vio obligada a convocar a los firmantes de dicho manifiesto. No obstante, a pesar de la resonancia en los medios que tuvo esta convocatoria, el gobierno mantuvo su postura, calificada por algunos como la creación de una vía privilegiada para defender los intereses particulares de la industria audiovisual.2
El gobierno sostiene que defiende un modelo de Internet que beneficia a los creadores y a los usuarios, en el que la justicia está obligada a cerrar cualquier página de descargas que lucre con contenidos certificados por el copyright. Los usuarios alegan que de aprobarse la ley que propone el gobierno, será muy difícil distinguir entre los verdaderos delincuentes, que son una minoría, y los ciudadanos que utilizan la red sin ánimo de lucro. De hecho, existen varios estudios como el de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en España, que demuestran que la ley española, como otras que se han aprobado o se quieren aprobar en Europa, protegen en gran medida los intereses de los corporativos de la industria cultural.
Para Juan Calvi, profesor en la universidad española Rey Juan Carlos en Madrid y autor del libro Reproducción de la cultura o cultura de la reproducción. Análisis económico, político y social de la distribución y el consumo de productos audiovisuales en Internet, está bastante claro que los gobiernos y las empresas se han asociado en esta batalla: “Las empresas reaccionan intentando mantener el status quo, presionando a los gobiernos, para mantener su control y los gobiernos intentando implementar medidas restrictivas”.
En su libro, Calvi explica cómo el copyright, que en su origen pretendía que el creador protegiera su trabajo y cobrara por él, se convirtió en una forma de control de la industria sobre la producción simbólica (es decir, el trabajo del autor) de los creadores que en esta era digital se ha convertido en un “derecho medieval, totalmente anacrónico”. Calvi considera que el control de los productos audiovisuales digitalizados ya no puede basarse en la ley del copyright, tal y como se aplica en los entornos analógicos, ni tampoco en el control del flujo de los mismos en Internet, porque si el propietario del copyright intenta controlar el acceso a sus productos para controlar su reproducción vulneraría principios como el uso libre, la privacidad y la libertad de expresión.3
La industria cultural siempre ha luchado contra el nacimiento de nuevas tecnologías que amenacen sus intereses. Así sucedió con la proliferación de las estaciones de radio en Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado, cuando las discográficas prohibieron a sus artistas asistir a ellas durante un año y posteriormente las utilizó para promoverlos. Por su parte, la industria cinematográfica no paró hasta que obtuvo ingresos por la redistribución de sus películas por la televisión, a la que acusaba de haber disminuido la asistencia a las salas de cine. Con el eslogan de “Home taping is killing music” (las grabaciones están matando a la música”), en 1964 la industria lanzó una campaña contra los reproductores y las cintas vírgenes de cassette, que 10 años más tarde empezaron a pagar un impuesto. La industria cinematográfica también tiene su historia: en 1984 Hollywood demandó al sistema de grabación Sony Betamax por considerar que atentaba contra sus intereses y perdió la batalla.4
En el caso de España, plantea Calvi, “el gobierno está actuando en contra de casi toda la población española. Es un problema a nivel global, casi todas las economías se están planteando la apropiación privada de la producción simbólica, de la creación cultural. Hasta ahora el sistema económico se concentraba en la explotación masiva de productos culturales basados en un principio jurídico férreo que era el copyright. El desarrollo de las tecnologías digitales y las prácticas que la gente usa cuestionan este principio y cuestionan la forma de organización sistema cultural”.
“La industria cultural siempre ha luchado contra el nacimiento de nuevas tecnologías”
Uno de los asistentes al infructuoso encuentro en Madrid entre internautas y gobierno fue el exdirector del diario Público (asociado en México con La Jornada) Ignacio Escolar, considerado también como uno de los articulistas de prensa más sólidos de su generación. Escolar asegura que la postura del gobierno español está directamente influenciada por el gobierno de Estados Unidos. El anteproyecto de ley que permite el cierre judicial de una web de descargas, dice Escolar, ha sido aprobado en gran parte,”por la presión que el gobierno ha tenido de la administración Obama”. El exdirector de Público sostiene que dentro de su estrategia global de combate de la libre circulación de contenidos por la red para favorecer a su industria audiovisual, Estados Unidos considera a España como un objetivo muy importante, ya que en las leyes españolas aún se considera que el intercambio de contenidos entre particulares y sin ánimo de lucro no constituye ningún delito.
Estados Unidos y el acta
El 22 de febrero de 2010, la Alianza Internacional para la Propiedad intelectual (IIPA), una coalición privada creada en 1984 que representa los intereses de la industria discográfica y cinematográfica estadounidense, presentó un informe en el que, junto con otros países como Argentina, Canadá, China, India y México, España aparecía en la lista negra de la piratería por Internet.5 Para Fernando Berlín, colaborador de la cadena de radio SER -la primera en audiencia en España-, además de articulista, escritor y director de Radiocable.com, informes como el de la IIPA “se basan en cifras muy opacas y son impulsados por los sectores más interesados. Yo como periodista no le doy ninguna credibilidad porque España no tendría que estar en esa lista, ya que no cuenta con el mayor número de usuarios ni el ancho de banda suficiente”.
La industria audiovisual estadounidense concentra la mayor parte de los contenidos que circulan mundialmente y por lo tanto, de las ganancias. De ahí que, como señala Juan Calvi, convenga a sus intereses “criminalizar” a los cibernautas denominándolos piratas y llamando los gobiernos a perseguirlos.
El exdirector de Público, Ignacio Escolar, cree que fue a partir de las presiones de la industria estadounidense, respaldada por la administración Obama, que el gobierno español aprobó su propuesta de ley, ahora popularmente conocida como la ley antidescargas. Dice Escolar: “A mí no me preocupa que el gobierno vaya a cerrar blogs porque yo creo que no va a hacerlo, me preocupa que pasado mañana, por poner un ejemplo, vaya a gobernar España un tipo como Berlusconi y que utilice esa ley para cerrar una página porque se habla de Berlusconi. La ley antidescargas, según Escolar, “es anticonstitucional porque en España se dice que el cierre de un medio de comunicación lo decide un juez y sólo un juez y una página web es un medio de comunicación fundamentalmente”.
En realidad, lo que plantean los comentaristas españoles es que los gobiernos y las empresas han querido mezclar dos debates en uno solo: por un lado, el del inevitable cambio de modelo de la industria audiovisual, que se resiste a dar el gran salto o no sabe cómo obtener ganancias a partir del nuevo escenario tecnológico; y por el otro, el de la propiedad intelectual, que plantea cuál es el tipo de sociedad más deseable, uno en el que los contenidos sean públicos y accesible a la mayoría de la población y otro en el que los ciudadanos deban pagar para poder utilizar los contenidos de la red.
Según denuncian algunas plataformas integradas por asociaciones de internautas españoles, como la red sostenible, la industria audivisual se está blindando ya ante la posibilidad de perder la batalla por los contenidos. El Acta (anti-counterfeiting Trade Agreement), aseguran, es un tratado internacional “impulsado por los EEUU de América de forma multilateral y alejada de los medios para imponer una serie de medidas de control en el tráfico de información y conocimiento: control de discos duros en las fronteras, desconexión de usuarias de Internet si no respetan el copyright, prohibición de producción de medicamentos genéricos, criminalización de las descargas, etcétera.”6
Tanto Ignacio Escolar, Fernando Berlín como Juan Calvi, cada uno desde su campo de acción, creen que el fenómeno de la circulación de contenidos de Internet, es irreversible y serán los empresarios quienes tengan que adaptarse al nuevo escenario. Escolar se muestra convencido de que Internet “ya no es reconvertible, y responde más al modelo de un zoco árabe que al de un mall”, y por ello “no tiene sentido que intenten (las empresas) cobrarte los contenidos en Internet como te cobraban antes en el mundo analógico donde además de un contenido te cobraban un soporte que costaba producirlo y distribuirlo”. Fernando Berlín piensa que si hace 15 años se hubiera impuesto un modelo privado, “Internet, tal y como lo conocemos, no existiría. No podrías acceder a periódicos, artículos o pagar cuotas, no existiría YouTube”. Para Juan Calvi, el actual copyright debería ser substituido o al menos subsistir con otros modelos de licencias públicas donde al mismo tiempo ganen los usuarios, los creadores y las empresas pequeñas y medianas y donde el estado intervenga, no como policía sino como regulador e impulsor de un modelo de uso mayoritariamente público de Internet.7
Los creadores
En esta batalla que han emprendido los internautas contra el gobierno, los creadores tienen un papel ambiguo. Mientras que algunos de ellos se alinean con las tesis del gobierno, muchos otros consideran que la red debe ser un espacio abierto y disponible para todos. Para Ignacio Escolar, músico y periodista, “Dentro de ese mundo (el de los creadores) hay gente de todos los colores. La opinión mayoritaria de los músicos es que Internet ha acabado con el negocio, pero si coges las cifras de ventas en España se venden más conciertos en 2008 que en 2000 y la gente demanda más música en directo porque consume más música envasada, aunque sea pirata.”
Por su parte, Fernando Berlín cree que hay una parte de la vieja escuela de músicos que ha asumido las tesis de la industria, pero también “una parte que no está de acuerdo. La gente que reivindica otros modelos también somos creadores, yo mismo he escrito un libro. Habría que distinguir también a qué le llamamos autor.
Cualquier que monta una página web podría ser considerado un autor”. En cualquier caso, mientras las empresas se acorazan para proteger sus intereses y los gobiernos las apoyan con el pretexto de defender los intereses de los creadores y de los ciudadanos, hay sentencias que en países como Australia, Suecia o España han resultado favorables a los internautas. En ellas se aclara que quienes hacen uso de los contenidos culturales sin obtener beneficios no son delincuentes. Dichas sentencias abren la posibilidad de que la batalla aún no esté completamente perdida.
“La industria audiovisual se está blindando ya ante la posibilidad de perder la batalla por los contenidos”
Notas
1 Calvi, Juan. Reproducción de la cultura o cultura de la reproducción. Análisis económico, político y social de la distribución y el consumo de productos audiovisuales en internet. Universidad Rey Juan Carlos. Ed. Dickinson
2 http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/internet/cronologia-de-la-ley-sinde-los-once-meses-que-cambiaron-internet-en-espana_b5BcQlEeIyOofbaVijXJf6/
3 Calvi, Juan, Op. Cit.
4 http://www.publico.es/ciencias/303559/foofind/google/descargas
5 Teletipo de la agencia EFE, 22/02/2010
6 http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados
7 Calvi, Juan, Op. Cit.
