I: consulta, revocación
El lenguaje ha sido una herramienta importante para todo régimen político, toda vez que a partir de éste definimos la forma en que nos comunicamos y marca límites claros entre diversos grupos nacionales o extranjeros. Gracias a ello se generan formas de hablar válidas para una comunidad, como los idiomas y en algunos casos los dialectos. También se generan “circuitos marco” para entender las experiencias comunes, las cuales cambian la forma en que vemos el mundo gracias a la repetición constante. Esto puede ser reforzado a través de la propaganda.
Por lo tanto, ciertas palabras y expresiones pueden ser usadas para legitimar a un régimen, pudiendo enriquecer o acabar con una democracia al modificar percepciones, empobrecer la capacidad general de reflexión gracias al simplismo, movilizar sentimientos y aversiones, o incluso legitimar activamente a un gobernante gracias a su forma particular de expresarse. El lenguaje es, sin exagerar, una herramienta de control sobre una sociedad, y su planificación, una tarea del Estado.
A lo largo de las siguientes entregas se elaborará un léxico de palabras sobre las que se debe poner especial atención, toda vez que pueden llegar a ser usadas para legitimar una forma de gobernar, con el fin de anticipar las intenciones de su uso y los posibles efectos en la gobernabilidad.
Consulta
Los mecanismos llamados “participativos” como el plebiscito, el referéndum o la revocación del mandato se basan en una premisa atendible: la democracia representativa es insuficiente y es necesario abrir espacios de participación al ciudadano en la toma de decisiones. Surgieron hacia finales del siglo XIX en EU gracias al movimiento de los populistas, y han sido adoptados en muchas democracias desde aquellos días.
Si bien han ayudado a generar condiciones de gobernabilidad, liberar tensiones al interior de una sociedad y legitimar al sistema político, también han sido usados por dictadores para debilitar a las democracias y eternizarse en el poder. Los riesgos más comunes son: polarización de la sociedad al reducirse la respuesta a un “sí” o un “no”, control de la agenda de discusión en manos de una élite, uso faccioso para legitimar intereses parciales y una mala reglamentación puede llevar a una mayor concentración del poder.
Para evitar estos riesgos se han establecido diversos mecanismos, como requerir un porcentaje mínimo de la población para ser convocado y un umbral de participación que va del 40 al 50% de padrón para considerar su resultado vinculante; no usarlo para materias como la limitación de los derechos humanos, políticas económicas o la seguridad nacional; diseñar preguntas que no induzcan respuestas y tener controles complementarios como la revisión constitucional de las decisiones tomadas. Por lo tanto, a nivel nacional son convocados sólo para decisiones consideradas trascendentales, aunque en lo local sean más frecuentes por la menor complejidad de los temas.
Estos mecanismos existen en México a nivel local en todos los estados desde los años noventa del siglo pasado y a nivel federal, desde 2011. No se ha hecho una compilación de las experiencias que hayan tenido lugar al día de hoy.
A lo largo de su carrera, López Obrador ha usado y abusado de los mecanismos participativos. Cuando fue Jefe de Gobierno, sometió a plebiscito la decisión de construir el segundo piso del Periférico en 2002, organizando esta consulta el Instituto Electoral del Distrito Federal. Aunque sólo participó el 6.64% del padrón, y por lo tanto no sería válido en otras democracias, la decisión se tomó como legítima y vinculante.
Otro riesgo que se percibe en el discurso de López Obrador es utilizar este mecanismo para cualquier tema público. Esto no solo le permitiría sentar agenda y manipular el debate público bajo la consigna de que encarna la voluntad del pueblo, sino que le permitiría desentenderse de toda responsabilidad si la decisión arroja efectos no deseados.
¿Qué se puede hacer? Desde el debate público, exigir responsabilidad de presentar propuestas sólidas y consistentes, vigilar cada paso del proceso y hacer valer los umbrales. Evitar esto es otorgarle una línea de victorias por este frente. De hecho ha señalado una lista de temas a consulta como la reforma energética, el NAICM o los derechos sociales de grupos LGBT.
Revocación del mandato
Este mecanismo es de hecho un referéndum y deben tenerse los mismos cuidados para organizarlo y considerarlo vinculante. De hecho, en la mayoría de los países no se puede convocar sino pasada la primera mitad del mandato del cargo a revocar, se requiere de una tercera parte del padrón electoral para convocarlo y la participación del 40 al 50% para considerarlo vinculante.
Aunque en México se le ve como una especie de panacea y a menudo se le presenta como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas, en realidad se usa en situaciones excepcionales. Se requiere un incumplimiento claro de las propuestas de campaña para solicitarse, por lo que sólo puede aplicar a políticos electos para cargos ejecutivos, como ediles, gobernadores o el Presidente. Y por su carácter es muy raro que opere: de lo contrario se empoderaría a cualquier grupo de base para convocarlo y generar condiciones de inestabilidad.
Tenemos dos experiencias que pueden desvirtuar a este mecanismo. La primera: la nueva Constitución de Ciudad de México permite la revocación del mandato si la convoca el 10% del padrón electoral del cargo a revocar y más del 60% de los votos van por la revocación. Este diseño puede arrojar efectos no deseables en el futuro. Si una minoría puede convocarlo, ¿qué incentivos tiene un político para tomar decisiones difíciles en la primera mitad de su mandato? Supongamos que no procede: aun así se puede mermar su confiabilidad para otros cargos.
La segunda experiencia es que este mecanismo ha sido usado no para revocar, sino para ratificar un mandato. Así lo hizo Enrique Alfaro durante sus gestiones en Tlajomulco y Guadalajara, y aunque la participación no rebasó el 15% en los dos casos, las consultas sirvieron como herramientas propagandísticas para sus ambiciones. El debate público brilló por su ausencia en Jalisco.
Como se aprecia, López Obrador usaría este mecanismo a su favor. La inevitabilidad de una consulta le permitiría estar en campaña permanente, en vez de tomar decisiones y asumir responsabilidades. Un umbral bajo de participación no le impediría legitimarse e incluso controlar su propia sucesión, sea para sí o para otros.
Todavía más, ha llegado a prometer que la impulsaría también la revocación para los gobernadores. Imaginemos dos grandes grupos con capacidades desiguales para presionar por la remoción o permanencia de un gobernante según las preferencias de uno: la federación y el gobierno local. Una decisión como esta podría ayudar a concentrar el poder del presidente por la vía del chantaje.
Una de las formas de que se ha valido López Obrador para consolidar su liderazgo es el lenguaje. Estamos obligados, si deseamos preservar la democracia, a convertirnos en guardianes del idioma, apostando por la claridad y precisión de los términos que hablamos. De lo contrario otros hablarán a través de nuestros labios gracias a la incesante repetición de expresiones creadas para apuntalar un régimen.