La ausencia de límites enriquece la literatura y, en ocasiones, sazona el panfleto y la columna de opinión. En la obra académica, muy por el contrario, la falta de foco es una tara que hace imposible un análisis serio y cancela la posibilidad de debatir objetivamente. ¿Cómo entender la lógica de una argumentación si su objeto de estudio no está definido? ¿Cómo rebatir a un académico que no deja claro sobre lo qué está hablando?
Organismos autónomos y democracia de John M. Ackerman es un ejemplo sobresaliente de falta de rigor. Según el autor, existe una tendencia a nivel mundial orientada a reestructurar la división de poderes mediante la creación de organismos autónomos y México está ubicado a la vanguardia de dicha tendencia (pp. 32-33). Ackerman anuncia su texto como un estudio comparativo de los organismos públicos autónomos mexicanos (p. 11 su análisis se centra en el desempeño de tres instituciones: el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Por alguna razón, jamás mencionada a lo largo del libro, el autor descartó al Banco de México, ausencia notable no sólo porque la autonomía del banco central antecede a la de las demás instituciones (existe desde 1992), sino también porque se encuentra contemplada a nivel constitucional. No deja de ser incongruente la inclusión de la ASF entre los órganos autónomos, especialmente porque, como el propio autor reconoce, dicha auditoría depende de la Cámara de Diputados (p. 19), de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución.
Aunque la siguiente afirmación es una perogrullada, es necesario hacerla: un análisis comparativo tiene validez en la medida en que es posible equiparar los elementos estudiados en condiciones similares. En ese sentido, Organismos autónomos… no hace un cotejo válido, pues mientras el análisis del IFE se centra en un período de siete años (1996-2003), el de la CNDH es de 15 años (1990-2005) y, para la ASF, de únicamente cuatro (2002-2006). Hubiera sido de gran utilidad estudiar a estas instituciones durante el mismo periodo a fin de comparar sus reacciones ante las mismas condiciones políticas, sociales y económicas.
Independientemente de las opiniones que el desempeño de cada una de estas instituciones le merezca al autor, lo cierto es que su análisis “comparativo” no funciona en tanto las examina por periodos disímiles. Este libro bien podría haber llevado como epígrafe: “Ni están todos los que son, ni son todos los que están”.
Por otra parte, es necesario señalar la baja calidad editorial de Organismos autónomos. Sorprende que Siglo XXI y la máxima casa de estudios hayan validado un trabajo que se distingue por su abundancia de erratas, garrafales errores de redacción y argumentos sostenidos con datos falsos.
Sobresalen fallos como hablar de una dependencia gubernamental independiente (p. 97) o alabar a la Procuraduría Pública de Brasil por “la descentralización de su estructura descentralizada” (p. 176). Para desdoro de los editores, hubo una cadena formada por correctores de estilo que falló repetidamente.
En cualquier obra académica, las aseveraciones deben estar sustentadas en datos que puedan ser corroborados en fuentes verificables. De ello deriva su credibilidad. Como lector, uno esperaría que los especialistas en las diferentes materias participen en la arena pública con opiniones que aporten mayores elementos para fijar las coordenadas del debate. Más allá de los enfoques utilizados, independientemente de cualquier perspectiva teórica, los expertos están obligados a manejar datos verídicos.
En este sentido, una lectura atenta permite encontrar una serie de inexactitudes y falsedades que demeritan la calidad académica de la obra. Uno esperaría que un miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Sociología y presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo escribiera de manera pulcra y con datos suficientemente comprobados. No es así.
Algunas afirmaciones erróneas del libro son: que Luis Donaldo Colosio fue director del Pronasol (p. 62), que la Comisión Permanente pertenece a la Cámara de Diputados (p. 64), que el 23 de marzo de 1994 el PRI tenía 70 años de historia (p. 66), que el 21 de agosto de 1996 Ernesto Zedillo fue electo presidente (p. 72), y que el Tribunal Electoral tiene ministros (p. 81). Estos errores dan fe del poco cuidado que se tuvo al elaborar la obra y pueden confundir a un lector que conozca superficialmente el funcionamiento del Estado mexicano.
Las fronteras nómadas que constituyen la singular delimitación del objeto de estudio que hace Ackerman no responden a criterios académicos. Especulando, podemos afirmar que obedecen a criterios partidistas, pues el autor deja tantas pistas sobre sus inclinaciones que resultaría injusto para el lector dejar de señalarlas. Siempre que hay una situación que se presta a una valoración política, el autor simplifica al máximo la argumentación, cae en la etiqueta y muestra una visión limitada por la ideología.
Encontramos análisis tan aventurados y pocos sustentados como la afirmación de que José Woldenberg era priista, lo que según el autor se demuestra porque su esposa trabajó en el gobierno de Ernesto Zedillo. Asimismo, Ackerman afirma que un PRI ya moribundo diseñó los organismos autónomos con la intención de que no funcionaran; evidentemente, dichas instituciones no fueron una creación únicamente del PRI, ni han dejado de cumplir con su labor dentro de la democracia mexicana.
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| Ilustración: Anna Pagnacco |
Con una visión de la realidad simplificada al extremo, el autor se atreve a afirmar que el PRI gobernaba “sin encontrar resistencia” y que “fue evidente para todos que las elecciones de 1988 habían sido robadas”. Con ello se descalifica la labor de varias generaciones de mexicanos que dedicaron sus vidas a democratizar y equilibrar el sistema político nacional. Asimismo, se niega importancia a la nutrida producción académica que discute esos temas, misma que Ackerman por respeto y honestidad intelectual debería por lo menos citar. En Organismos Autónomos… se encuentran argumentos tan frívolos como el afirmar que el edificio de la ASF es una prueba de su falta de transparencia y de que es una institución que se ha aislado de la sociedad, pues tiene vidrios polarizados que impiden ver a su interior.
Asimismo, el autor alaba que la ASF actúe bajo “un riguroso método que le permite ir más allá de las leyes”. Apelo a la memoria del lector para que recuerde de qué político ha escuchado que cuando las leyes no basten, un buen funcionario debe buscar la forma de violarlas para servir al pueblo.
Es más que obvio que en una sociedad abierta sus integrantes pueden opinar lo que deseen sobre cualquier asunto y que toda persona tiene libertad de pensamiento y expresión. Sin embargo, en el caso de que un autor escriba para crear un cuerpo de conocimiento desde una posición académica, debe disciplinarse y presentar información fidedigna, así como un análisis sereno y lo más objetivo posible. Para algunos es deseable que quien elabore una obra académica sea un intelectual comprometido, pero es en interés de todos que ese compromiso sea, por lo menos, con el dato exacto.
Todo ello se extraña en el caso de Organismos autónomos…, pues nos encontramos con un libro cuya lectura (poco más de 300 páginas, incluyendo anexos) deja la sensación de haber recibido gato político por liebre académica, de haber adquirido un panfleto partidista, en lugar de una investigación objetiva
Aunque este texto no trata el tema de los medios de manera directa, hemos considerado pertinente difundirlo a partir de la polémica entre John Ackerman y el IFAI; en la página 30 de esta edición usted puede consultar los pormenores de aquel asunto.
