La Jornada publicó el primero de abril que “la supuesta acta de Rosa Isela Guzmán Ortiz fue tramitada el 19 de agosto de 2015 en Tijuana, B. C. (en el Registro Civil La Presa Este), un mes y ocho días después de que Guzmán Loera se fugara del penal del Altiplano.”
Excélsior publicó el 8 de agosto, dudas en cuanto a la fecha de registro y sobre la credencial del INE que fue expedida a una ciudadana nacionalizada norteamericana y que declaró a The Guardian haber residido durante años en California.
Pero el periódico británico “argumentó” que “la identidad de Guzmán Ortiz fue confirmada por Francisco Villa Gurrola, un ministro evangélico de 87 años de edad, que reside en Badiraguato, y es amigo cercano de Consuelo Loera, madre de ‘El Chapo’.”
También se insistió en que Rosa Isela era la hija de “El Chapo” porque ambos sostuvieron un intercambio epistolar. Incluso, en el espacio de Denise Maerker de Radio Fórmula, se habló de otro “elemento de prueba”: una hermana del narcotraficante platicó sobre cómo podría haber conocido éste a la madre de la mujer entrevistada por The Guardian.
Independientemente de estos datos curiosos Proceso y Aristegui Noticias, por ejemplo, poco mencionaron sobre el tema de la verdadera identidad, las fechas de los documentos con los que Rosa Isela “probó” su parentesco o el tema de la credencial del INE.
¿La mano que meció la cuna?
Los papeles de Panamá, la filtración más grande en la historia sobre la que mucho se ha escrito, presenta varias interrogantes. Una de ellas puede arrojar muchas luces en el tema y es crucial en toda investigación. ¿Quién está interesado en develar millones de datos que sirvieron, por ejemplo, para colocar en la lupa al Presidente de Rusia, Vladimir Putin o al primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson? ¿Quién dio los datos a los reporteros del diario alemán Suddeutsche Zeitung?
Especulaciones han sobrado. Una de ellas partió del mismo Kremlin. El 14 de abril, el presidente Vladimir Putin dijo que “el diario alemán pertenecía a un holding financiero propiedad del banco Goldman Sachs”.
El 15 de abril, Kremlin se disculpó con dicho banco de inversión estadounidense por haberlo relacionado con el Suddeutsche Zeitung.
En ese trajín, surge una nota desde el 7 de abril que alude a una conferencia de prensa. Según la Agencia de información RIA Novosti, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Mark Toner, reconoció que Washington financió a los periodistas que investigaron el escándalo de ‘offshores’, por medio de recursos que se entregaron a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La información fue publicada por teleSUR, cadena multiestatal de noticias de Venezuela; Prensa Latina, una agencia de noticias cubana; Cuba Debate, Juventud rebelde, Diario de la juventud cubana; La mañana de Córdoba, de Argentina; El Siglo, un portal de noticias de Panamá; Diario Uno, de Perú; Radio Boquerón de Ecuador; Xornal de Galicia; Clarín de Chile, entre otros.
En México, las declaraciones de Mark Toner se hallaron en los portales de Regeneracion; Vanguardia MX; SDP noticias; Zócalo; un artículo de opinión Panamá Papers ¿A qué le tira este escándalo, del periodista argentino Walter Goobar, publicado el 15 de abril en Milenio Diario y en La Jornada que cita como fuente a teleSUR?
En Youtube, hay un video de la conferencia de prensa de Toner, donde se le pregunta si EU financió la publicación de los artículos en contra de Putin derivados de los Panamá Papers.
El portavoz del Departamento del Estado de EU respondió que ellos apoyaron a un grupo independiente que aglutina a más de 200 periodistas norteamericanos (aproximadamente 100 escriben en periódicos reconocidos del mundo, por ejemplo AP y Reuters) para investigar casos de corrupción; pero no en particular contra una persona. Tampoco limitaron la investigación a otros hallazgos, ni tuvieron influencia alguna en la edición de lo que informaron esos periodistas.
Pero al efectuar una búsqueda, la información en comento no fue publicada en Proceso, el portal de Aristegui Noticias, El Universal y Excélsior, por ejemplo. Los dos primeros fueron elegidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para sistematizar y difundir 2,6 terabytes de información, que fue seleccionada y editada con base en los criterios de cada medio.
Finalmente ¿es válido publicar entrevistas cuyas acusaciones son imposibles de verificar? ¿Probar la identidad de alguien, cuando la documentación está en tela de juicio, con los dichos de un párroco o la imaginería en torno a cómo se conocieron los padres de la supuesta hija de un narco?
Por otra parte, ¿Los dichos de Mark Toner no se consideraron importantes por los medios que los ignoraron?
¿Ese financiamiento no les atañe?
Muchas preguntas deja el escuálido periodismo de investigación, que no debe dejar ningún resquicio.
Dice José María Caminos Marcet, profesor titular de la Universidad del País vasco, que:
“En los últimos años asistimos a unos controvertidos debates acerca del periodismo de investigación. Debates suscitados por la permanente utilización de filtraciones informativas que, en ocasiones, se presentan al público como textos derivados de una ardua investigación. Sin embargo, el periodismo de investigación, aunque trabaja siempre con filtraciones, no tiene nada que ver con el periodismo de filtración. Las fronteras están perfectamente delimitadas”.
