La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe, que elaboró en conjunto con la organización venezolana Foro Penal, acerca de “abusos sistemáticos y generalizados” contra los opositores en Venezuela.
El día de ayer, José Miguel Vivanco, director para América de HRW, presentó la investigación que consta de 73 páginas y que se titula: “Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”. Este documento consta de 88 casos sobre al menos 314 personas, muchas de las cuales describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017.
“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles (…) No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”, señaló Vivanco.
El informe se basa en entrevistas hechas a más de 120 personas, incluidas víctimas y sus familiares, abogados afiliados al Foro Penal que asistieron pro-bono a víctimas en audiencias judiciales y médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones o en lugares próximos a ellas.
Asimismo, HRW señaló que evaluaron las evidencias disponibles que corroboraban los testimonios, incluidas fotografías, grabaciones de video, informes médicos y sentencias judiciales. De igual manera, consultaron informes y declaraciones oficiales.
En las calles, los Agentes de la Guardia Nacional ejercen un uso excesivo de la fuerza para reprimir a quienes protestan contra la grave crisis por la que atraviesa el país, marcada por el desabastecimiento de comida, medicinas, y una hiperinflación de casi el 800%.
En la prisión, los policías golpean violentamente a los detenidos y los torturan con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales como violaciones sexuales o colgarlos desnudos en posiciones de estrés. La mayoría de los presos son detenidos de manera arbitraria por sus ideas opuestas al Gobierno.
En algunos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad detonaron cartuchos de gas lacrimógeno en ambientes cerrados donde había personas detenidas, hacinaron a los arrestados en pequeñas celdas de confinamiento por períodos prolongados y les negaron el acceso a alimentos o agua, o los obligaron a ingerir comida contaminada deliberadamente con excremento, cenizas de cigarrillo o insectos.
Varios de los apresados fueron víctimas de abusos físicos y psicológicos, con la intención de castigarlos o coaccionarlos para que se incriminaran o comprometieran a otros, incluyendo a dirigentes opositores. Tanto HRW como el Foro Penal señalaron que el propósito no fue garantizar la aplicación de la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas.
Ernesto Marín, de 34 años, quien fue detenido en su hogar por haber criticado públicamente al gobierno y luego torturado para incriminarse y confesar que tenía supuestos nexos con la oposición, declaró: “No es nada más un líder político; no es nada más una figura pública. Es un ciudadano de a pie; fui yo”.
En los juzgados, los procesamientos penales también se realizan sin garantías. 757 civiles fueron llevados ante tribunales militares para ser condenados por crímenes de traición y rebelión, otra manipulación del régimen que supone la violación del derecho internacional al debido proceso.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, indicó: “Desde abril, las autoridades han detenido al menos a cinco mil 400 personas (…) Algunos detenidos fueron liberados sin haber sido llevados ante un juez, pero otros fueron objetos de procesos penales arbitrarios sin las garantías más básicas de debido proceso”.
Los abusos en las calles han disminuido desde julio, pero sólo porque hay menos manifestaciones. Hasta ahora el gobierno no ha dado señales de que tenga previsto renunciar a la represión brutal de opositores, ni mucho menos exigir que los funcionarios rindan cuentas por los abusos generalizados que se cometieron.
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