Apenas horas después de que la flamante presidenta, Claudia Sheinbaum, negó que en el país hubiera violaciones a los derechos humanos y rechazara la militarización, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asesinaron a seis migrantes y lesionaron a otros 10 en una carretera de Chiapas.
En su día de fiesta, en su acto de toma de posesión en el Congreso de la Unión, Sheinbaum se comprometió a respetar los derechos humanos y a no usar nunca la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Aseguró que garantizaría la disminución de los delitos de alto impacto y que “no regresará la irresponsable guerra contra el narco, de Calderón, que tanto daño le sigue haciendo a México”. Además, dijo que estaba equivocado quien afirmara que la integración de la Guardia Nacional en la Sedena “es militarización”.
Poco después, en el Zócalo insistió en ese último punto y afirmó que “en nuestro país no hay Estado de excepción”, y mucho más: aventuró que “no hay violaciones a los derechos humanos. Lo que hay ahora con la cuarta transformación es más democracia, más libertades y un verdadero Estado de derecho”. Remató: “La comandanta suprema de la Fuerzas Armadas es una civil y es mujer, y nunca vamos a dar una orden para reprimir al pueblo de México”.
Unas cuantas horas después, la mandataria ya tuvo su bautizo de la terrible realidad de violencia: la noche del lunes, en una carretera de Chiapas, militares dispararon contra una camioneta en la que se transportaban más de 30 inmigrantes de seis nacionalidades, de lo que resultaron seis muertos y una decena de heridos.
Hasta la tarde de este miércoles la Sedena informó que el hecho ocurrió en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, en Chiapas, a las 20:50 horas. Su versión es que, mientras sus efectivos realizaban “reconocimientos terrestres”, circulaban tres camionetas pick up a alta velocidad, una de las cuales intentó evadirse. Como suele afirmar ese organismo en estos casos, su personal dijo haber escuchado detonaciones y dos de los militares “accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”.
La Sedena afirmó que en la camioneta sobre la que dispararon sus elementos había 33 migrantes de seis nacionalidades: egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe. Entonces reportó cuatro muertos y 12 lesionados; estos últimos fueron llevados a un hospital, donde fallecieron dos más.
También informó que los dos soldados que realizaron los disparos ya han sido separados de sus funciones y los hechos fueron presentados ante la Fiscalía General de la República para la investigación respectiva, además de la que efectúe la Fiscalía General de Justicia Militar.
En el comunicado no se refiere que se haya encontrado alguna evidencia de que desde la camioneta se hayan efectuado disparos contra los militares.
En un muy escueto tuit, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las tres de la Organización de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación por lo ocurrido.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que, “aunque el mando ordene respetar los derechos humanos, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional actúan con inercias abusivas en el uso de la fuerza. Como este triste caso muestra, en México se siguen violando derechos humanos#DH. Debe asegurarse investigación y sanción desde instancias civiles. Se requieren más controles externos frente a la militarización”.
Por su parte, el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur aseguró que entre las víctimas hay niñas y niños, y entre los muertos una niña y una joven. Enfatizó que las investigaciones deben estar centradas en los testimonios de las víctimas, así como en el reconocimiento de las responsabilidades institucional y política de las condiciones que favorecen esos hechos, así como de la cadena de mando.
Entre los señalamientos que hace esa organización destacan el papel que en esos acontecimientos desempeñan las políticas migratorias restrictivas del Estado mexicano, “que generan un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas, causando graves violaciones de derechos humanos”.
Aunque los hechos ocurrieron la noche del martes y a hora muy temprana de este miércoles la presidenta se reunió con su gabinete de seguridad (exactamente como su antecesor), en su conferencia de prensa no hizo ninguna referencia a lo ocurrido ni para lamentarlo ni para anunciar alguna investigación o acciones al respecto.
En su primera “Mañanera del Pueblo” del “segundo piso de la cuarta transformación”, Sheinbaum anunció que estaría dedicada al “2 de octubre no se olvida”, lo que asumió como “una obligación”, dijo ser “hija del 68”, movimiento que, según ella, triunfó con la entronización de López Obrador en el poder en 2018.
Cuestionada sobre el tema de seguridad, dijo que Sinaloa no aparece entre los estados con más asesinatos, pero, al estilo de López Obrador, destacó a Guanajuato. Informó que ya hubo un representante de la FGR en su reunión de seguridad, que analizaron dónde están los homicidios, que habrá un programa para los municipios con más asesinatos, que presentará la semana próxima su Plan Nacional de Seguridad, etcétera.
Y habló de que el gobierno pediría una disculpa por aquella matanza (también recordó que López Obrador pidió hace años disculpas al pueblo yaqui como jefe del Estado mexicano), de cómo le aplaudieron en sus trayectos del martes, del beso al verde Manuel Velasco y hasta de la comida “chatarra” y el “humanismo mexicano” (citando a… López Obrador).
Pero no dijo ni una sola palabra sobre el crimen cometido por los soldados. Es el segundo piso.