La mejor manera de resolver el problema, siempre presente, en la relación que se da entre los medios y el poder es que esté prohibido el gasto del gobierno en publicidad. Esto ya ocurre en las democracias más desarrolladas. Ese es el camino que se debe seguir en el país.
Si en la relación entre medios y poder media el dinero, necesariamente ésta se distorsiona y se establece un círculo perverso en el que siempre pierde la libertad de expresión. En los hechos, los gobiernos pagan publicidad para que se les trate bien, y los medios la venden, a veces a través del chantaje, para evitar criticar al poder.
En el país hay muchos medios, sobre todo en los estados, que más de la mitad de su facturación la obtienen de la publicidad del gobierno. ¿Qué libertad de expresión se puede tener en esa condición? Los medios articulan su cobertura sobre el gobierno a partir de esa realidad. No puede ser de otra manera mientras se haga presente el dinero.
A lo anterior se añade el hecho de que los medios venden su cobertura. El gobierno, en particular en los estados y los grandes municipios del país, compran, bajo el esquema de los “convenios”, las primeras páginas de los periódicos y minutos clave en los noticieros más importantes de radio y televisión.
Del monto del pago, un mandatario estatal o un alcalde pueden aparecer cinco o seis veces al mes, se puede más, en la primera página del periódico y a la entrada de los noticieros de radio y televisión. El gobierno federal, a través de este mecanismo, coloca información para golpear a adversarios o destacar lo que considera son sus éxitos.
Las democracias del mundo con los años tienden a parecerse. Estoy seguro de que un día, en los próximos seis o 10 años, espero que sea antes, algunos congresistas o a través de la iniciativa popular, se va a proponer y aprobar una ley que prohíba el gasto de publicidad por parte del gobierno. En ese momento va a cambiar de manera radical la perversa relación que hoy existe entre los medios y el poder. Ahora son estos últimos los que tienen el sartén por el mango.
Hay quienes dicen que a pesar de esta medida, como ahora ocurre con las campañas electorales, siempre se podrá violar la ley. Eso es cierto, pero de entrada van a pasar tres cosas: la compra de publicidad será un delito y los gobernantes y los medios se van a cuidar; los gobernantes van a obtener libertad frente a los medios y éstos frente a los gobernantes; la ciudadanía va a obtener información que no está sesgada por la compra-venta de los medios.
El que los gobiernos, por prohibición de la ley, no gasten en publicidad eleva la calidad del discurso político y la información de parte de los gobernantes y también la calidad del periodismo, por parte de los medios y los periodistas. Eso está más que demostrado y también que cuando los gobernantes recurren a la compra de espacios y los medios a la venta de los mismos pierde la política y el periodismo. Al final pierde la democracia.
Este artículo fue publicado en El Economista el 20 de diciembre de 2017, agradecemos a Rubén Aguilar Valenzuela su autorización para publicarlo en nuestra página.
