En 2006 el presidente Felipe Calderón tomó decisiones muy trascendentes para el combate al crimen organizado, especialmente al narcotráfico, que era un desafío cada vez mayor: considerarlo un asunto de seguridad nacional e integrar a las fuerzas armadas en esas tareas, por lo que en un principio declaró una “guerra”.
Sin embargo, esas determinaciones y su implementación en la práctica fueron realizadas con una gran improvisación y sin los elementos suficientes para llevarlas a buen puerto, lo que trajo consecuencias imprevistas y muy negativas, como las más de 100 mil personas asesinadas en el sexenio de Calderón.
Un análisis muy interesante de la estrategia de seguridad llevada a cabo por ese gobierno es el que realizan Guadalupe Correa-Cabrera y Tony Payan en su libro La guerra improvisada. Los años de Calderón y sus consecuencias (Océano, 2021), en el que hacen una evaluación a partir de la confrontación de la información y los puntos de vista de 34 entrevistados que vivieron y conocieron aquella política.
En su libro los autores anotan que “la improvisación es parte integral del quehacer de la política pública en México ante la debilidad de las instituciones y la tradición política de nuestro país”. Aunque ello no inició con Calderón, los autores consideran que esa es una gran lección que dejó su gobierno.
Conversamos con ambos autores acerca de su obra. Guadalupe Correa-Cabrera es doctora en Ciencias Políticas por The New School for Social Research y ha sido profesora de las universidades de Texas en Rio Grande Valley y de la George Mason. Global fellow del Centro Woodrow Wilson, previamente había publicado un par de libros.
Tony Payan es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown. Ha sido profesor de las universidades Autónoma de Ciudad Juárez y de la de Texas en El Paso, así como director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James A. Baker III de la Universidad de Rice. Antes había publicado dos libros, y uno más en coautoría con Correa-Cabrera: Las cinco vidas de Genaro García Luna (El Colegio de México, 2020).
Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué un balance de la estrategia no convencional (como le llaman ustedes) de seguridad pública que llevó a cabo Felipe Calderón como presidente?
Tony Payan (TP): Estamos en la tercera década del siglo XXI y hemos tenido ya cuatro gobiernos. Podría decirse que el reto más importante de México es el crecimiento económico, que ha sido escaso; también podrían ser la recomposición del tejido social o la transición democrática incompleta, etcétera. Pero pienso que el Estado de derecho, la capacidad del Estado mexicano, del gobierno, de imponerse a la delincuencia y al crimen organizado es fundamental en este siglo, como lo ha sido por 20 años.
Sin instituciones fuertes, sin la capacidad del Estado mexicano de hacer frente al crimen organizado, también están comprometidos y debilitados el crecimiento económico, la transición democrática, etcétera.
El sexenio de Calderón fue fundamental porque hubo un salto cualitativo: definir el problema de seguridad pública (como se entendió hasta la administración de Vicente Fox) como uno de seguridad nacional. La razón de ese cambio fue una de las preguntas que hicimos a muchos de nuestros entrevistados; por ejemplo, Jorge Castañeda argumentó que había focos rojos, pero que no era un problema de Estado ni de seguridad nacional, mientras que hubo otros que concordaron con Calderón en que sí lo era.
Con ese cambio lo que se tuvo fue el uso de los militares en la seguridad, y el instrumento se convirtió más en machete que en bisturí. Aunque el Ejército haya participado durante desde los años setenta en el combate al narcotráfico, ahora se involucraba en la lucha contra el crimen organizado, más amplia y, territorialmente hablando, también se hace en zonas urbanas.
Entonces, lo que tuvimos entonces fue un salto cualitativo en el uso de los militares, que todavía vemos hoy.
Cuartoscuro
Guadalupe Correa Cabrera (GCC): La presidencia de Calderón terminó hace nueve años, pero seguimos pagando las consecuencias de las decisiones que se tomaron hace 15 años. El involucramiento de las fuerzas armadas y de la Policía Federal en labores no convencionales sigue siendo una realidad, y la falta de capacidad para generar una policía ha provocado una mayor extensión del uso de ellas en labores de seguridad pública.
Esto se tiene que analizar desde sus orígenes, porque la decisión que se tomó a finales de 2006 es extremadamente relevante para entender lo que sucede hoy en México.
AR: ¿Cómo escogieron a los 34 entrevistados para hacer el libro? Hay desde críticos de la estrategia, como Samuel González, hasta funcionarios como Genaro García Luna, además de periodistas, académicos y embajadores en esta confrontación de puntos de vista.
GCC: En principio tomamos una lista de las personas que estuvieron en el gabinete de Calderón y que llevaron los temas de seguridad, entre los que incluimos a los secretarios de la Defensa, de Marina y todos los que diseñaron e implementaron la estrategia.
Hicimos otra de personas de la sociedad civil y de periodistas tanto mexicanos como extranjeros que cubrieron los temas de seguridad, así como de diplomáticos estadounidenses que estuvieron en el país por la colaboración con Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida.
Fue una lista muy grande, de unas 150 personas, que fuimos depurando al ver quiénes eran realmente las más importantes o que tuvieron a su cargo más decisiones.
Algunos no contestaron a nuestro llamado, como Alejandro Poiré, Javier Sicilia y María Elena Morera. Pero las personas que están en el libro son las que consideramos clave y que quisieron darnos la entrevista.
AR: ¿Hubo algún acercamiento con Calderón?
GCC: El testimonio de Calderón es el que está en varios de sus libros, el último publicado el año pasado. Él dio su versión y justificó constantemente su política, y creímos interesante retomarla pero no hacerlo la figura central, sino escuchar de primera voz a quienes contribuyeron a la definición e implementación de esa estrategia.
En sus libros y documentos Calderón deja muy claro qué fue lo que considera su legado. Él ha dejado mucha información, que está considerada en nuestro libro.
AR: México ha vivido un proceso de democratización. ¿Cuál ha sido su efecto en el combate contra el crimen organizado que llevó a esta guerra contra las drogas? Se menciona, por ejemplo, que se perdió la concentración del poder, la capacidad de negociación política y hasta de control de los grupos delictivos y que la fragmentación aumentó la influencia de los gobernadores, entre otros elementos.
TP: Tuve una conversación con Eduardo Medina Mora cuando todavía estaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él decía que en el siglo XX la policía fue prácticamente diseñada para proteger un Estado presidencialista: todo rodeaba al presidente, y en números la Policía de la Ciudad de México era casi equivalente al resto de esos cuerpos de seguridad en el país. Era como un círculo concéntrico: esas fuerzas estaban diseñadas para proteger el sistema unipartidista y presidencialista, y la de la capital rodeaba al Ejecutivo y trabajaba para él (recordemos que entonces era la Regencia del Distrito Federal y su policía estaba bajo el mando presidencial). Y los militares también estaban alrededor del presidente en turno.
Esa estructura, comentaba Medina Mora, se resquebrajó con la llegada al poder de Vicente Fox, que empezó a debilitar a la Presidencia, y parte de ello fue también el aumento de la acción de los gobernadores de oposición (incluso en algunas conversaciones nos decían que algunos gobernadores operaban en contra del presidente y otros a favor de él).
Los gobernadores priistas fueron de particular importancia porque muchos de ellos creían que su trabajo era regresar al poder (como ocurrió con el de Chihuahua), y lo lograron en 2012. Su idea era no cooperar con el gobierno de Calderón. Pero había una serie de culpas entre unos y otros: el presidente se quejaba de que los gobernadores no colaboraban y no hacían su trabajo, mientras que gobernadores decían que la violencia era un problema federal y le echaban la pelota a la administración federal.
Este problema de falta de una política nacional bien articulada con gobernadores y alcaldes de las principales ciudades abrió muchos espacios grises que comenzó a ocupar el crimen organizado, que empezó a diversificarse, a encontrar nuevos giros y a ampliar su control en ciertos territorios.
Eso es algo que todavía está presente en la política pública del país: seguimos improvisando y aún hay muchos gobernadores así. Pasó con el presidente Enrique Peña Nieto y está ocurriendo con López Obrador: muchos gobernadores no están alineados, no hay un acuerdo de cooperación ni una estrategia nacional. El presidente no les tiene confianza, y muchos de ellos no le tienen confianza a López Obrador. Calderón también sufrió de eso.
El problema es que cuando no se tiene una estrategia y una coordinación nacional en los tres niveles de gobierno, en la que todos entiendan cuál es el objetivo y cuáles son los medios, se termina con que el crimen organizado encuentra oportunidades y un gobierno debilitado e incapaz de recuperar espacios, de negociar, de abatirlo o de administrarlo para que no dañe a la sociedad en su totalidad. Eso le pasó al presidente Calderón y sigue ocurriendo.
AR: Sobre la responsabilidad de los gobernadores: desde el principio del gobierno de Calderón fue Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán, quien pidió la intervención del Ejército. También era gobernador Enrique Peña Nieto, y hay un caso muy siniestro que cuentan ustedes, que fue el de Veracruz, que hizo intervenir a la Secretaría de Marina y se perpetraron masacres. ¿Cuál fue el peso de ellos en esta guerra?
GCC: Fue fundamental, precisamente porque el presidente se puso su traje de militar y dijo: “Declaro una guerra contra el crimen organizado”. Se presentó como un protagonista y centró su política de seguridad (y no sólo ella) en su persona, y lo tomó en ese momento como lo que era: el Ejecutivo como jefe de las fuerzas armadas.
Pero es muy importante entender que esa estrategia no hubiera sido posible si no fuera por su gabinete. Y también es relevante el papel de los gobernadores.
Siempre hubo un golpeteo entre el Ejecutivo y los gobernadores porque estos no querían tomar las responsabilidades que les tocaba y la bolita se la aventaban al Ejecutivo; este, con el protagonismo, con la necesidad de legitimarse al principio y con una agenda muy particular, asumió el papel, y cuando les pidió que colaboraran, ellos le dijeron: “Yo no coopero”. Pero al mismo tiempo pidieron que les resolviera el problema de seguridad.
Hablamos, por ejemplo, de Cárdenas Batel, que le pidió al presidente que le ayudara a resolver el problema. Se lo pidió porque se sintió rebasado: en su estado el crimen organizado había llegado a niveles muy altos con la extracción de rentas y la presencia de los Zetas y de la Familia Michoacana.
Por otro lado estaban otros gobernadores que, aparentemente, participaban del crimen organizado, por ejemplo los de Tamaulipas y Veracruz. También hubo escándalos centrados en la figura de algunos personajes aunque sin comprobación total, como el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y también de Eugenio Hernández Flores, quien fue extraditado a Estados Unidos.
Tenemos otro grupo de gobernadores que aparentemente estaban vinculados con el crimen organizado y al que le han dado protección.
Por otro lado, hubo otros gobernadores que se opusieron a los lineamientos marcados por la nueva estrategia del gobierno federal y que decidieron no hacer caso de ella. Fue el caso de los gobernadores priistas como Peña Nieto, líder de este grupo.
También hablamos de gobernadores como el de Veracruz, quien decidió cooperar con la Marina y con las fuerzas federales. Entonces, de forma ilegal, se cometieron desapariciones extrajudiciales, incluso de la mano de los Matazetas, para quitarle también el territorio a los Zetas. Como reportó una periodista de LA Times, se hablaba de cierto paramilitarismo en Veracruz. Ese fue el inicio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Importa comprender lo anterior porque hoy vivimos los estragos de un grupo criminal que fue creado en aquel tiempo, y que no sólo involucró al gobierno federal sino también a gobiernos estatales.
El papel de los gobernadores es crucial, y no siempre se les da la importancia debida. Este libro enseña historias personales y puntuales del rol de muchos gobernadores, porque este libro no es sólo sobre el sexenio de Calderón sino también una reflexión de los años que siguieron.
Cuartoscuro
AR: Dicen ustedes que las palabras y los gestos importan. Cuando Calderón dijo que era una guerra contra el crimen organizado, cuando vistió la camisola militar, mandó mensajes. Al respecto, ¿qué pasó con su narrativa? Ustedes dicen que fueron un conjunto de mensajes contradictorios, en parte porque no era una política de Estado.
TP: Pero antes regreso al tema de los gobernadores: es muy importante hacer notar que Cárdenas Batel le pidió ayuda al presidente porque la situación en Michoacán ya estaba descompuesta y siempre ha sido muy compleja. Calderón mandó a los elementos federales a Michoacán y tuvieron un éxito relativo, quizá en parte porque los criminales fueron tomados por sorpresa. Entonces el presidente inmediatamente pensó que había encontrado la fórmula, y la repitió en Nuevo Laredo y luego en todo el país, por lo que hubo una conflagración en muchísimos lugares.
Fue una lección sobreaprendida: cuando se tiene un éxito inicial, se cree que esa es la fórmula para todos los casos del país, y lo que se hace es agarrar un molde y tratar de aplicarlo en otros contextos, pero ya no sale igual.
Sobre la narrativa: la palabra “guerra” es muy interesante y debatible, porque el propio Calderón parece haberla utilizado al principio, en los primeros tres años de su administración.
Es importante señalar la improvisación. Entre los entrevistados se da el debate de si fue o no una guerra, y si el presidente usó esa palabra y después renegó de ella y dijo que era, más bien, una lucha contra el crimen organizado.
Esto último ocurrió sobre todo en la segunda mitad de su gobierno, después de la matanza en Salvárcar, en Ciudad Juárez, cuando ya hubo una renuencia a utilizar la palabra “guerra”, que fue hecha a un lado y empezó a crear el cuarto pilar de la Iniciativa Mérida: recuperar los espacios públicos y rehacer el tejido social. Inició un nuevo discurso, pero ya era demasiado tarde porque eso lo debió haber incluido en la estrategia desde el principio.
Otro gran debate que importa mucho: si una situación se define como un problema de seguridad pública, las estrategias son unas; pero si se entiende como un problema de seguridad nacional, son otras.
Peña Nieto definió el problema de otra manera: de manejo político, e incluso desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, que integró en la de Gobernación, un ente eminentemente de gestión política. Su objetivo era quitar el tema de la seguridad de los encabezados de los periódicos.
Así, cada presidente da tumbos, utiliza distintos elementos y redefine el problema, pero este sigue: continúan las matanzas, las ejecuciones, la debilidad del Estado, la ausencia de las instituciones, etc.
En el libro quedó de manifiesto, por ejemplo, el debate que se dio sobre los números: qué contaba como una víctima del crimen organizado y cuál era el mensaje. Al final, Calderón trajo a Alejandro Poiré para tratar de manejar el mensaje, que ya estaba completamente desbordado y había enormes críticas por la guerra y sus consecuencias.
Muchos entrevistados coinciden en que, al final, comenzó a articularse el mensaje, a manejarse políticamente de manera más astuta, pero ya era muy tarde. Poiré intentó introducir cierto nivel de disciplina en las cifras, en el mensaje, en la coordinación interna, pero prácticamente el sexenio se había terminado.
Desde mi perspectiva, un sexenio se define en los dos primeros años, se consolida en los siguientes dos o tres, y el resto ya es de salida. Entonces, para cuando llegó Poiré el sexenio de Calderón ya estaba definido.
AR: Dedican un capítulo a las características personales de algunos personajes: por supuesto, de Calderón, pero también, por ejemplo, de García Luna. ¿Cuál fue la influencia de las personalidades de diversos personajes y del presidente en su estrategia? Entrevistados le reconocen inteligencia, que es detallista, echado para adelante, y también que premia las lealtades, que es necio, obcecado y obsesivo.
GCC: Hay que ver más allá de los análisis de política pública que se han hecho hasta la fecha. Los resultados de una estrategia dependen de muchos factores, no solamente de las decisiones per se o de los colaboradores extranjeros. Es importante analizar también las relaciones interburocráticas, que tienen mucho que ver con la personalidad de los actores, principalmente en un país con un sistema presidencialista, donde lo que dice y hace el presidente y la relación que tiene con su gabinete, importan.
Que Calderón le haya dado tanto poder a García Luna y a ciertas personas con las que quería colaborar o su actitud con Estados Unidos y las relaciones con otros presidentes de América Latina son fundamentales.
Pero no perdamos de vista que no fue simplemente la guerra de Calderón, sino que se jugó en un contexto especial en el que Estados Unidos y la geopolítica fueron muy importantes. Y eso es lo que tratamos de analizar en este libro: las personalidades importan, pero también el papel de los militares, de los estadounidenses, de los gobernadores, etcétera.
Esa es parte importante del libro: quién tomó las decisiones y quién fue fundamental para ellas, sin nada más enfocarnos en eso. Hay que entender a las personas y también al sistema.
TP: Quiero agregar un punto importante: los tres últimos presidentes sufren de que se percibe que son mandatarios que fallan en la empatía. Creo que parte de ser presidente de un país es ser lo que llaman en Estados Unidos comfortable chief, el que conforta, el que hace presencia en ciertos eventos, que manifiesta empatía por las desgracias y que muestra su humanidad de alguna manera. En eso vemos que México los presidentes están fallando: no logran encontrar la manera de hacer clara su empatía con las personas.
En el caso de Calderón, era un mariscal de campo, una persona que se metía hasta en los últimos detalles y le gustaba saber cuántos muertos, dónde, cuándo, de qué manera. Durante sus primeros años mucha gente pensaba que llevaba a cabo una guerra, pero no tenía ninguna empatía hacia los muertos porque decía que se trataba de gente mala que mataba a gente mala, criminales que asesinaban criminales, pandillas contra pandillas. Entonces exhibía muy poca empatía por el 10 o 15 por ciento de personas inocentes que caían en los enfrentamientos. Peña Nieto también sufrió de eso, y se decía que era como un príncipe que vivía en una torre de marfil, en un lugar de ensueño alejado de la realidad. Hoy López Obrador también tiene problemas para encontrar la manera de mostrar empatía hacia la desgracia en el caso del Metro.
Por alguna razón, en este siglo ese es un problema latente, por lo que sería muy recomendable que los líderes reconsideraran sus estrategias y puedan mostrar empatía.
Cuando doy mis clases de política pública siempre digo: las variables personales e interpersonales también definen los contornos de la política pública, y es importante analizarlas. No es nada más ese modelo clásico racional que se utiliza en política pública de definir el problema, la estrategia, se evalúa y se le hacen ajustes, sino que el contexto importa: el marco ideológico, la opinión pública, el sufrimiento, las consecuencias no previstas, las personalidades, todos los ingredientes que van en una política pública. Por eso ese capítulo dedicado a examinar este tipo de relaciones muy humanas.
AR: En el libro dicen que la política sobre las drogas se definió, en buena medida, en beneficio de Estados Unidos. En el libro se cuentan desde la Iniciativa Mérida, el conflicto con el embajador Carlos Pascual, los agentes norteamericanos en el país, etcétera. ¿En qué grado ese país definió la estrategia de seguridad de Calderón?
GCC: El papel de Estados Unidos fue fundamental, pero hay que ver todo en contexto: el presidente, su gabinete, los gobernadores, García Luna y el contexto internacional.
Algunos de nuestros entrevistados mencionaron el viaje que hizo Calderón a Estados Unidos durante la etapa de transición, cuando supuestamente dio un viraje: sería el presidente del empleo, pero se convirtió en el de la seguridad por la información que le dieron allá. Entonces, Estados Unidos, con la Iniciativa Mérida y con la colaboración tan cercana, fue muy importante.
En la relación con la Embajada estadounidense, con Carlos Pascual, fue relevante el tema de los WikiLeaks y de la afectación al presidente porque el embajador criticaba su estrategia, porque no se contaba con que se iba a filtrar esa información diplomática.
También estuvo la cuestión personal: el embajador terminó relacionándose sentimentalmente con la hija de una figura principal del partido antagónico al presidente y, además, exesposa de un gran amigo de Calderón. Todas esas cuestiones importan.
Pero la relación entre países era tan importante que Estados Unidos dictó muchos de los lineamientos de política de seguridad y fueron aceptados por el presidente, porque no nos lo impusieron. En realidad no lo presionaron porque él les abrió las puertas de par en par.
TP: Estados Unidos es un país que ha tenido la capacidad de tomar decisiones de política pública que son muy propias, como lo hizo en la época del comunismo, en la lucha contra el terrorismo, en la guerra contra el narcotráfico desde los años setenta y vemos cómo lo hace con la migración.
Estados Unidos no atrae la parte más conflictiva de su estrategia hacia su territorio; por ejemplo, ellos no pelean allí las guerras contra la migración, contra el terrorismo, contra las drogas, contra el comunismo, etcétera. Tiene una capacidad extraordinaria para desplegar estrategias en en las que las consecuencias más negativas se dan en otros países.
Eso siempre lo va a hacer, y articula muy bien cuál es su política, esté equivocada o no. En el caso de la guerra contra las drogas, el problema fue que México no definió (y no ha definido) cuál es su interés. Por supuesto, Estados Unidos tiene otra característica muy importante: puso sobre la mesa mil 600 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, pero al final México termina pagando 7, 8 o 9 dólares por cada uno de los que aquel país pone. Así, el costo financiero termina siendo para nuestro país.
El problema es que México sigue improvisando; hasta estos días no tenemos una estrategia clara de cuál es el interés nacional, y cuando se crean estos vacíos, Estados Unidos encuentra un terreno muy fértil para poder plantar sus propias estrategias, desplazar sus tácticas y hacer que otros países paguen no nada más financieramente, sino también con vidas.
Creo que todavía en México no estamos muy seguros de cuál es el interés nacional; Calderón no lo pudo definir, y su debilidad es que los estadounidenses encontraron ese vacío supieron llenarlo. Al final, el presidente Calderón se dio cuenta de la manipulación porque él mismo se convirtió en una víctima de las críticas de la Embajada de Estados Unidos por la falta de resultados, porque ellos fueron los que impusieron la estrategia.
Al respecto, el descabezamiento de los líderes del crimen organizado es una mala estrategia. Tenemos una justificación intelectual de Joaquín Villalobos, pero finalmente fue una estrategia que se importó desde Estados Unidos, y luego ese país castigó al gobierno mexicano por no tener resultados de una estrategia mala.
Ese es el gran problema: México requiere una definición de su interés nacional antes de comprometerse a una estrategia con Estados Unidos. En la administración de Joe Biden estamos viendo, por ejemplo, cómo se están reuniendo sus representantes y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La presión empieza, y creo que el presidente López Obrador no la esperaba tan rápido porque al final a Trump le importaba un solo asunto: la migración. Entonces el presidente mexicano pudo decir: “Mientras le hagamos su lucha contra los migrantes, nos va a dejar solos en todos los otros temas y yo voy a poder hacer mi proyecto de la manera que yo quiera sin presión de Estados Unidos”. Eso funcionó dos años, pero ya no: poco a poco allá se está articulando lo que quiere de México, y no estoy seguro de que López Obrador vaya a encontrar un modus vivendi. Desde mi perspectiva, lo que vamos a ver es una serie de pequeños fuegos y conflictos por todos lados, y una enorme presión desde Washington.
Cuartoscuro
AR: El centro del libro: la improvisación. ¿A qué se debe? Con Calderón fue desde la disputa sobre los muertos por el crimen organizado hasta la carencia de indicadores para evaluar los resultados de la estrategia. Ustedes hablan incluso de que es una patología de la política mexicana.
GCC: La estrategia de seguridad fue muy improvisada y es un reflejo de la política pública en México en general. Ello no es solamente característico de la administración de Calderón, aunque su decisión fue no convencional y ha causado muchos destrozos y estragos en el país.
Desde su campaña Calderón se manifestaba como el presidente del empleo, pero de repente dio un giro enorme para convertirse en el de la seguridad y se vistió de militar. En realidad había muy poco tiempo para tomar una decisión de tal magnitud y no se planeó.
Ahora estamos viendo que no se consideró la infiltración del crimen organizado en las estructuras policiales, no está la policía que supuestamente se debía crear, se hicieron planes y ninguno se cumplió, no se previó que el hombre fuerte iba a terminar en la cárcel en Estados Unidos. Entonces se improvisó una y otra vez.
Algunas de las personas cercanas nos llegaron a decir que pensaban que el paciente tenía una afectación, que lo abrieron y encontraron un cáncer. Entonces se improvisó porque no se hizo un diagnóstico preciso sino que se empezó a desplegar al Ejército en todo el territorio nacional, se cubrieron ciertos puntos que no se habían planeado, y finalmente los resultados nefastos que hemos tenido hasta ahora son producto de la improvisación, de que no hay una planeación suficiente, de que se gastan recursos y no se terminan los planes.
Eso es característico de todo lo que pasó. Toda la historia que contamos nos hacen ver claramente que fue una estrategia improvisada. Así, la Secretaría de Seguridad Pública que creció mucho en recursos terminó siendo fallida; fue cambiada y regresada a Gobernación, no fue creada la policía y entonces ahora se forma una Guardia Nacional, también improvisada porque no sabemos qué plan tiene, del mismo modo que en el sexenio que estudiamos.
Todo fue improvisado, por una evaluación que no fue hecha con el cuidado debido para dar un paso tan complicado como el que tenemos hoy mismo: el involucramiento de fuerzas federales, Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México en actividades que no les corresponden, pero que supuestamente eran de emergencia en ese momento.
AR: Esto ha tenido un efecto desastroso sobre la institucionalización, especialmente de las policías. ¿Qué ha ocurrido por ello?
TP: Hay dos o tres riesgos en el uso de los militares, que ya habían quedado de manifiesto en el gobierno de Calderón: cuando se utiliza el Ejército para la seguridad pública en contra del crimen organizado y es desplegado en las zonas urbanas se le expone a acciones que van a culminar en violaciones a los derechos humanos, al derecho procesal, a la justicia civil, etcétera, porque no está entrenado para este tipo de actividades. Si la Policía es defectuosa en ese sentido, imaginemos al Ejército.
El Ejército ha sido muy acusado, como en Ciudad Juárez, en donde entraba en las casas sin orden judicial de allanamiento. Eso ocurrió en muchos lugares, y es una muestra de que no es para este tipo de tareas. Además, también se le expone a un deterioro de su imagen.
El segundo problema es el riesgo moral: si se despliega el Ejército no hay ningún incentivo ni presión para crear las instituciones correctas para hacer lo que corresponde a los cuerpos civiles, administrativos, políticos, etc. Se llena el hueco con el Ejército, con estrategias militarizadas y no hay urgencia de hacer lo que realmente tiene que realizarse.
En esta administración hemos visto, por ejemplo, que muchas de las instituciones están siendo desmanteladas, por ejemplo la Policía Federal. Pero no se debe destruir lo que ya está allí, a lo que ya se le invirtió mucho; si hay corrupción, hay que limpiarla y castigarla; si algo funciona mal, hay que arreglarlo. Y se creó una Guardia Nacional y se puso bajo el control del Ejército, y al final el próximo presidente va a tener que deshacerse de ella. ¿Qué necesidad había de hacer eso?
La gran lección del sexenio de Calderón es que seguimos improvisando en muchísimos asuntos, y por eso estamos metidos en una espiral en la que cada presidente llega y piensa que va a empezar desde cero, que tiene que tirar por la ventana todas las instituciones, lo que se ha hecho, y que puede comenzarlo de nuevo. López Obrador está en esa dinámica: en que “estos son mis seis años y voy a trabajar en la construcción de mis instituciones”, y luego llega el que sigue y las deshace. Ese es uno de los grandes problemas de la política pública de México: no hay una construcción transexenal de las instituciones.
Eso es un legado del priato del siglo XX, y aún los presidentes siguen pensando en periodos de seis años y como si las instituciones se deshicieran y se hicieran en ese lapso. Las instituciones se hacen con ajustes y cambios, y deben ser permanentes para el servicio del país; en ese sentido ninguno de los mandatarios ha entendido que hay que apostarle a la construcción de instituciones transexenales en vez de pensar en este extraño mundo de reyes sexenales que piensan que empiezan desde cero y que todo lo que se hizo anteriormente no vale la pena.
El sexenio de Calderón representa cómo en México la política pública se sigue pensando en periodos de seis años. Ese es un gran error histórico-estructural que es muy difícil de trascender.
Cuartoscuro
AR: Un tema que no está en el libro es cuál fue la reacción de la sociedad civil a la estrategia de Calderón. De los tres periodos en que dividen su gobierno, el último es el que empieza en Salvárcar, cuando Calderón empezó a tomar conciencia de la sociedad. ¿Qué ocurrió en este aspecto?
GCC: Faltó extendernos en este tema porque hay personajes de la sociedad civil que fueron fundamentales en ese periodo. Pienso en Javier Sicilia, en María Elena Morera, en personalidades que tuvieron un papel preponderante y que fueron cooptados de alguna forma, que estuvieron trabajando muy de cerca con el presidente de la República.
Después de lo de Salvárcar, Calderón quiso dar la imagen de que le importaba la sociedad civil y empezó a apoyar a varios organismos y personalidades que hoy no se considera que hayan hecho algo fundamental para la seguridad. Pienso en Sicilia, en Morera, en Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia y otras organizaciones de la sociedad civil. Por la polarización y la fragmentación de nuestra sociedad, hay un grupo que ve en ellas un avance, y existe otro (no hablo del presidente sino de algunos de nosotros) que las ve como oportunistas.
En realidad la sociedad es muy importante, y el vínculo del gobierno con la sociedad es importante. Pero creo que estas personalidades se aprovecharon, de alguna forma, de esta cercanía que tuvieron con el gobierno, de los recursos. ¿Qué se tiene ahora? Este andamiaje de organizaciones que supuestamente representaban las demandas de la sociedad.
Por otro lado, hay colectivos de víctimas que aún no han recibido respuesta a sus demandas. Ha habido diferentes relaciones de grupos con el gobierno, que ha tenido algunos consentidos y ha olvidado a muchas otras personas que también formaron organizaciones muy importantes como los colectivos de madres. Entonces hay organizaciones de la sociedad que a veces son para ayudar al gobierno y se les dan recursos para que no digan, para que colaboren con la estrategia, para que la avalen, para que la consoliden.
Pero ¿cuál fue la atención que les dio el gobierno de Calderón a las víctimas, a las personas que necesitaban un apoyo? Definitivamente el evento de Salvárcar provocó un giro en la relación del presidente con esas organizaciones, pero ¿sirvió de algo para las familias que perdieron a sus seres queridos? ¿O simplemente se repartió dinero y prestigio entre ciertas figuras? Eso no lo tocamos y creo que debimos haberlo hecho.
Creo que falta esta discusión sobre esas organizaciones, sobre su financiamiento y el papel que desempeñan porque sabemos que la sociedad civil también es un conjunto de intereses. Las organizaciones no gubernamentales no son buenas per se porque representen a la sociedad, sino intereses de esta que muchas veces se relacionan con el gobierno, y esto es muy importante tomarlo en consideración.
TP: Quiero expresar otra perspectiva y me voy a remontar a la historia. Coincido con Guadalupe en que las organizaciones de la sociedad civil representan intereses, buscan financiación y a veces comprometen sus agendas con sus fuentes de financiación y hay que supervisarlas.
Pero considero que si nos remontamos al 19 de septiembre de 1985 nos damos cuenta de que ese fue el nacimiento de la sociedad civil mexicana moderna. Antes la sociedad mexicana estaba doblada hacia las organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, en sindicatos y en grupos de todo tipo. Entonces el Estado tenía integrada políticamente a la sociedad mexicana.
Aquel terremoto detonó la organización de la sociedad civil de una manera autónoma e independiente, la experiencia de la Ciudad de México se fue extendiendo poco a poco a todo el país y hoy vemos a miles de grupos en México.
Recientemente un ideólogo de la cuarta transformación dijo algo muy interesante: “Creo que el presidente López Obrador calculó mal cuán debilitada estaba la presidencia”. Efectivamente, no ha logrado hacer muchos proyectos, como la reforma energética, porque la sociedad civil, el Poder Judicial, los empresarios y organizaciones le han puesto límites porque viola la Constitución y no se puede hacer.
Esta sociedad es muy compleja para que un individuo o un partido político la capture en su totalidad. Coincido en que hay intereses que se esconden en las ONG, pero también es muy importante que, a 35 años del nacimiento de la sociedad civil moderna en México, estemos en una situación en la que ella sabe empujar y resistir, y sabe decir no a la concentración del poder político.
Creo que se requieren otros esquemas de hacer política pública, de integrar. El problema de Calderón fue que en sus primero tres años no pensó en la sociedad civil y sus intereses; esto no había entrado todavía en los esquemas del quehacer de la política pública: Salinas, Zedillo e incluso Fox, que tuvo un relativo apoyo popular, no habían entendido cómo se maneja la sociedad civil, y Calderón entró sin tener este componente en cuenta.
También se debió haber hecho un análisis fino de la situación del país, como lo que se hizo con las mesas de trabajo que se iniciaron en 2010, que se debieron haber dado en 2006 y 2007.
La política pública no puede bajar de manera autoritaria, como lo hizo Calderón y como lo seguimos viendo; tiene que ser consensuada con muchísimos intereses que son legítimos. Lo que vimos en el sexenio del panista fue un golpe de timón tras Salvárcar, pero hasta después de una matanza y un error de comunicación extraordinario que le costó muchísimo al presidente. A partir de ese 31 de enero de 2010, el sexenio ya no se pudo recuperar.
Los políticos en México siguen con problemas sobre cómo entender a la sociedad civil y los intereses que en ella se anidan y cómo integrarlos en las políticas públicas.
AR: En el capítulo de las recomendaciones al actual gobierno, están las lecciones de la militarización, la falta de institucionalización, etcétera. ¿Cómo corregir la improvisación?, ¿por dónde empezar?
TP: Escogimos el sexenio de Calderón porque percibimos que entonces hubo un rompimiento con el pasado, sobre todo en el uso de los militares y la redefinición del problema de seguridad.
En México nos ha costado mucho construir las instituciones: ha habido mucho dolor, mucha inversión, mucho trabajo y mucha energía en el INE, el sistema judicial, la separación de poderes, los partidos políticos, el federalismo, etcétera.
El problema es que no se ha entendido cómo definir el interés nacional. Habíamos empezado al decir que era la democracia, y por lo tanto tenemos al INE; era la división de poderes, y tenemos un sistema judicial y un congreso fortalecidos; era un sistema de partidos fuerte en el que estos compitan abiertamente en un campo plano y justo, y es importante; era la coordinación entre los tres niveles de gobierno para que haya un federalismo fuerte. Hay muchas lecciones, pero seguimos debatiendo estos problemas como lo hicimos en los años 80 y 90.
No hemos entendido cómo negociar con Estados Unidos, que va a imponer sus intereses, pero no quiere decir que no haya que negociar en la mesa. Pero se debe tener muy claro cuál es nuestro interés, por ejemplo la construcción de las instituciones justicia y del Estado de derecho en México.
Lo único que le va a dar continuidad a los grandes proyectos de México son las instituciones que no dependen de un presidente. Mientras sigamos poniendo tanto interés en el poder de esta figura, vamos a tener a otro hombre que llegará y dirá: “Ahora me toca a mí, yo soy el rey, tiro lo que se hizo antes y lo dejamos a un lado”.
De lo que se trata es de ir construyendo los organismos autónomos que transexenalmente traducen los intereses en seguridad, en telecomunicaciones, en energía, en economía, en igualdad, en medición, en ciencia, en tecnología, etcétera, y que no dependan de un individuo.
Habíamos avanzado muchísimo en esa ruta, y hoy estamos teniendo el debate de si vale la pena tener esas instituciones o no, o si estamos en un hiperpresidencialismo otra vez. El resto del mundo avanza y México todavía discute asuntos básicos, como el interés nacional y las instituciones que le den continuidad transexenal. Y allí estamos, en plena tercera década del siglo XXI.
Sobre el tema del libro: sin Estado de derecho, sin un Estado que provea seguridad, no vamos a avanzar en otros temas: va a haber decepción con la democracia, no va a haber desarrollo económico, en temas sociales, y millones de mexicanos van a seguir afectados por matanzas, por secuestros, por falta de oportunidades, por la inseguridad cotidiana.
La seguridad es la prioridad, más que la energía, que el comercio internacional, que la relación con Estados Unidos, más que la migración. Sin Estado de derecho, sin aseguramiento de la paz social, no va a haber ninguno de los otros elementos para ser un país desarrollado.
