El ejercicio del periodismo en la República Dominicana ha tenido un año interesante y contradictorio en 2007. Dos sentencias una que avala el derecho de los medios a recibir información de orden público y otra que condena al asesino de un periodista a 30 años de prisión, son las luces en un momento marcado por las sombras.
La primera fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia que ordenó a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Urbano (OPRET), entregar al periodista Huchi Lora, los estudios de suelo que se realizaron previo al inicio de la construcción del Metro de Santo Domingo, la obra más emblemática del actual gobierno, que todavía no ha sido concluida.
Lora, un veterano periodista que conduce el programa de Televisión El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, amparándose en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, había solicitado los documentos al director de la OPRET, el ingeniero Diandino Peña, persona muy cercana al presidente de la República Leonel Fernández. Pero Peña se había negado a entregarlos alegando que se trataba de un asunto de seguridad pública. Un tribunal no opinó igual y emitió una sentencia en favor de Lora, que Peña desacató por lo que el periodista acudió a la Suprema que, tras seis meses de espera, también le favoreció. El gobierno, esta vez, acató la decisión y entregó los documentos, los cuales, en este momento aún no han sido dados a conocer a la opinión pública. La sentencia conlleva también un pago de cinco mil pesos diarios durante casi 300 días, el tiempo que transcurrió entre el momento en que el primer tribunal ordenó entregar la información y la fecha en que el funcionario cumplió con el mandato. Lora anunció que donaría el dinero, que no le ha sido entregado, al Colegio Dominicano de Periodistas para que éste brinde asistencia legal a los comunicadores que soliciten información a las instituciones estatales, algo que casi no ocurre. Ahí están la sombras en este caso. La Ley de Libre Acceso a la Información Pública, parecía un gran paso de avance para los periodistas, una nueva herramienta para combatir la corrupción en los distintos estamentos del Estado.
Pero se podría decir que nació con fuegos artificiales y se volvió humo. Pese a la batalla ganada, la reacción no ha sido un tropel de periodistas corriendo hacia las secretarías de Estado para que rindan cuentas. Son escasos los Quijotes dispuestos a pelear contra los molinos de viento, no importa que tan buena sea el arma de que dispongan. Esto pese a que la gente ya no se juega la vida cuando critica o denuncia a un funcionario público, lo que sí ocurre con las críticas y denuncias contra individuos ligados a la delincuencia y el narcotráfico. Con esta situación tiene que ver la segunda sentencia judicial importante para los periodistas que se produjo este año.
Un tribunal ratificó la condena a 30 años de prisión, la pena máxima en la República Dominicana, contra Eddy Vladimir Pujols, quien el 14 de septiembre del año 2004 asesinó al periodista Juan Andujar y mutiló el brazo derecho al periodista Jorge Luis Sención, a quien también trató de matar. Andujar había desarrollado una campaña de denuncia contra una banda que azotaba el pueblo de Azua a 130 kilómetros al suroeste de Santo Domingo. Como él, la mayoría de los corresponsales de los pueblos tienen en sus comunidades programas de radio o televisión en los cuales sale como tema recurrente el problema de la inseguridad ciudadana. Su riesgo es mayor porque los denunciados les conocen y saben dónde viven. De ahí que, en estos momentos, la mayoría de las agresiones físicas contra periodistas ocurran en las provincias, donde resulta mucho más fácil el acceso a los medios. En cada ciudad proliferan canales de televisión por cable y emisoras de radio. Distribuidas en el territorio nacional operan 220 emisoras en FM, 177 en AM y 91 canales de televisión por cable. Esto contrasta con la situación de los medios impresos, en la capital, donde en los últimos cinco años el mercado laboral se ha reducido mientras los periodistas son cada vez más, con el agravante de que cinco empresarios son propietarios de los siete principales periódicos del país junto a emisoras de radio, canales de TV y medios digitales. Sólo en 2003 cerraron tres periódicos y dos revistas en medio de una crisis económica que se inició con el colapso de tres de los principales bancos del país y arrastró con ella a los medios. En aquel momento hubo un desplazamiento de la gente de la prensa hacia otros campos como Internet y radio. El panorama actual es más triste que sombrío porque la inercia, las limitaciones laborales y los intereses económicos y partidarios, parecen haber anulado el espíritu vital que convierte a los periodistas en locos dispuestos a transformar el mundo, sólo así se explica que únicamente unos pocos muestren interés en hacer uso de una conquista tan anhelada como la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
