La discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad a las reformas de radio, televisión y telecomunicaciones es un hito en la historia reciente de nuestro país. Lo es en distintos sentidos, en principio porque varios sectores de la sociedad reaccionaron ante un tema que solía discutirse sólo entre especialistas, comunicadores y grupos pequeños. Sin embargo esta vez grupos políticos, sociales, empresariales y académicos, entre otros, fueron directamente a las sesiones de la Corte, las siguieron por Internet o a través de la televisión de paga. Las emisoras comunitarias se enlazaron por la Web para transmitir el análisis de los ministros, hubo que explicar ante las preguntas de la gente sobre muchos temas y términos que le resultaban complejos, pero la atención ahí estaba.
Como expresé en una colaboración reciente para el portal de etcétera, también la manera en como los ministros de la Corte determinaron llevar el proceso de discusión es un precedente histórico, tanto por la apertura para hablar con los sectores involucrados, como por la transparencia con la que se presentó el proyecto de sentencia y la discusión de los temas contenidos en la acción de inconstitucionalidad; además del hecho de haber aceptado de manera formal los amicus curiae, por parte de grupos que no forman parte del litigio pero que están interesados en el tema, como forma de acercarse información para un análisis integral antes de hacer la sentencia, fue también algo que nunca antes se había hecho en ese máximo tribunal.
Los argumentos expuestos a lo largo de estos días por parte de los ministros también fueron, en muchos casos, una revelación, por ejemplo las propuestas del ministro Góngora Pimentel quien recurrió al fondo esencial: la libertad de expresión, y lo sustentó no solamente en la propia Constitución, sino que retomó lo que se establece en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos en la materia, algo en lo que tradicionalmente la Corte había tenido resistencias por un resabio de sentimientos nacionalistas que niega el principio de que los derechos humanos son universales e indivisibles.
Los argumentos para declarar la inconstitucionalidad de varias de las reformas, muchos de ellos expuestos ante el Senado, que en aquel momento los legisladores se negaron a escuchar y mucho menos a atender, hoy, son las resoluciones de la Corte para determinar que se violentaron garantías de la sociedad, lo que demuestra que el proceso legislativo fue contra la misma Carta Magna. Y se caen los argumentos contra quienes criticábamos la ley porque queríamos el retraso del país a la modernidad, hoy se demuestra que no es así. Lo que queda en la historia es que quienes estábamos contra las reformas era porque violentaban principios constitucionales y derechos humanos fundamentales, que simplemente unos cuantos impusieron a millones y a la justicia mínima.
Las previsiones hacían ver difícil este proceso deliberativo en función de las presiones que ejercerían los poderes fácticos. Lo constatamos cuando las televisoras comenzaron a cuestionar las resoluciones de la Corte, con una franca manipulación informativa, disfrazada de noticia. Ellas solas demostraron por qué había que poner un límite a los excesos de los medios electrónicos, especialmente de las televisoras privadas. En voz del ministro Aguirre Anguiano se advirtió que el máximo tribunal del país no aceptaría presiones. “No saben de qué estamos hechos”, fue la frase que más quedó grabada en los medios. La resolución sobre la inconstitucionalidad de artículos como el 28, central por el tema de la concentración y los monopolios, así como el tema de la subasta y la necesaria opinión favorable de la Cofeco para el caso de las concesiones y detener el refrendo automático de las mismas al infinito, son sin duda decisiones de primera importancia que hacen que la Ley Televisa se venga abajo, y se confirme que era a todas luces un despojo a la nación.
Sin embargo, hemos de reconocer que quedaron varios temas sin resolverse como hubiésemos aspirado, pues la Corte determinó la constitucionalidad de puntos que otros consideramos también violaban derechos. Uno de ellos atañe directamente a las emisoras comunitarias.
El reconocimiento explícito por parte de los ministros de la inconstitucionalidad del procedimiento para el otorgamiento de permisos, por violar el principio de seguridad jurídica, es sin duda, un avance sustancial sin precedente, pues es algo que se viene denunciando desde hace décadas, y ahora por fin encuentra sustento jurídico que le hace justicia. La Corte determinó claramente que es inadmisible la discrecionalidad que se establecía en las reformas, por cuanto propicia la arbitrariedad de la autoridad hacia los peticionarios de permisos, algo que han padecido las emisoras comunitarias y cientos de grupos más que han querido acceder a estas autorizaciones. Ese sólo reconocimiento es justicia y es historia, aunque hayan tenido que pasar varias décadas para que sucediera. Qué bueno que ahora pasó, lo celebramos.
Sin embargo, los ministros no reconocieron la inconstitucionalidad del trato discriminatorio y desigual que se da entre privados concesionarios y privados permisionarios, pesó más la lógica de que los permisionados son esencialmente aquellos medios que estan ligados a entidades o instituciones públicas como las radios indigenistas pertenecientes a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Radio Educación dependiente de CONACULTA, que tienen objetivos culturales y sustento institucional financiero. Se omitió la situación real de permisionados privados que no tienen fines de lucro, con objetivos culturales, educativos y/o comunitarios, que no cuentan con apoyos económicos de ninguna institución pública, y que en todo caso están en la misma situación que los demás medios privados comerciales: ambos son entidades privadas que tienen que hacer actividades económicas para poder pagar sus gastos de operación, pero con la diferencia de que a los primeros no se les permite ningún tipo de actividad económica, a pesar de sus fines sociales sin lucro, mientras que a los segundos que tienen como fin el lucro se les permite cualquier tipo de actividad económica con pocos límites. Por ello hay un trato desigual entre iguales que los ministros no reconocieron.
En pocas palabras prevaleció lo que el ministro Azuela dijo con tanta certeza, palabras más palabras menos: resulta curioso que para el lucro y la especulación económica hay toda la libertad y está muy claro en la ley, mientras que para la radiodifusión permisionada que es la que cumple el objeto mismo de la ley se le relega, dando como resultado medios comerciales muy grandes y avanzados en contraste con los medios de uso social que se les imponen condiciones para que sean pequeños y pobres, casi altruistas. Eso no bastó para que los ministros reconocieran el trato desigual que da la ley a los permisionados privados sin fines de lucro con fines sociales, como lo son las emisoras comunitarias. Sin embargo, los argumentos establecidos por los ministros serán de suma importancia para los litigios por venir.
Quisiera remarcar que no ganamos en cosas puntuales de la ley, pero que incluso más allá de la ley, ganamos mucho más como sociedad, pues la actitud de la Corte está resarciendo la nula credibilidad en las instituciones del Estado que quedó cuando fueron aprobadas las reformas en 2006. La sensación de impunidad fue la constante, la democracia yendo hacia atrás con el consentimiento de las instituciones del Estado, nos debilitó como sociedad, rompió acuerdos sociales esenciales. Eso fue lo que validó la pasada Legislatura y Fox.
La Corte resarce parte de ese daño y establece, sin decirlo, que se requiere de un nuevo acuerdo social para garantizar el bien común. Esta vez como sociedad ganamos en la credibilidad de un Poder Judicial que no se deja presionar y que marcó su independencia. Ahora el Legislativo tiene la responsabilidad histórica de cumplir su obligación de ampliar las libertades y garantizar los derechos de todos. Esperemos que no sea uno tan triste y vergonzante como el que aprobó la Ley Televisa y que actúe con la dignidad que la sociedad le reclama.
En esta ocasión toda la institucionalidad del Estado tendrá que responderle al país, a esta historia presente, porque lo que viene no es cantar victoria, sino mucho trabajo y capacidad de diálogo para reestablecer un tejido social que se trastocó, y que en este momento gracias a muchos, -legisladores que se inconformaron e hicieron la acción de inconstitucionalidad, organizaciones sociales, académicos, periodistas y medios, entre otros- podemos pensar en un camino en el que estemos en condiciones democráticas de ampliar las libertades.
