sábado 15 junio 2024

¿Para qué sirven los medios públicos?

por Mario García de Castro

Existe una extensa doctrina constitucional europea en torno a la especial intensidad que adopta la libertad de información como instrumento para la formación de la opinión pública a través de los medios audiovisuales. Toda ella viene a confirmar que para que el individuo pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos ha de ser informado ampliamente, de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contradictorias (Manin, 1998).

En ese contexto, resulta obvio reconocer que la televisión constituye hoy día la principal fuente de información y distracción de los ciudadanos de las sociedades contemporáneas. No sólo cada hogar dispone de uno, dos o tres receptores, sino que el tiempo que el ciudadano medio dedica a ver televisión ha superado ya las tres horas diarias.i

De ello, parece justificarse que la intervención del Estado en la televisión puede resultar conveniente o necesaria para preservar el pluralismo informativo en el sentido siguiente: el derecho a la libertad de comunicación que amparan los textos constitucionales tiene un instrumento necesario para el eficaz ejercicio del fundamental derecho de participación ciudadana en la vida pública, los medios de titularidad del Estado.

Por consiguiente, esta consideración, que no puede ser ajena a cierta desconfianza en la capacidad exclusiva de la iniciativa privada para dar voz sin limitación a todas las opciones posibles (incluso las minoritarias o más desfavorecidas), concibe la televisión pública como instrumento que contribuye a garantizar, por parte del Estado, el libre acceso de todos los ciudadanos a la comunicación. A los procesos de comunicación o sistema de medios que actúan como resortes básicos para suscitar la reacción cívica en el seno de un régimen democrático y de libertades.

De acuerdo con los Protocolos al Tratado de Ámsterdam,ii los fundamentos históricos de la presencia del Estado en la actividad televisiva radicarían pues en razones de índole cultural, como la necesidad de responder a la demanda social de información, formación y ocio, o de promover las culturas nacionales o regionales, y los valores humanos en general. Pero también serían de naturaleza política o jurídica, como la de favorecer la participación ciudadana y garantizar la libertad de expresión y de información, a través de la independencia informativa.

En España la televisión podría llegar a concebirse así como un instrumento social primordial que permite al Estado democrático contribuir a garantizar los derechos recogidos en el marco del artículo 20 de laConstitución española. Por consiguiente, en el orden jurídico, la televisión pública serviría para hacer efectivo y defender este derecho constitucional.

En abril de 2004, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que destacaba la importancia del pluralismo de los medios de comunicación para la libertad de expresión e información, y la necesidad de que los Estados miembros de la unión adoptaran medidas para garantizarla. Aludía, la citada resolución, a un estudio realizado por el Instituto Europeo para los Medios de Comunicación en el que se subrayaba que en siete de los ocho países estudiados existían problemas de concentración de medios de comunicación. Estos problemas se hacían especialmente preocupantes en Italia, con la tasa de concentración del mercado televisivo más alta de Europa. El Parlamento, en la resolución, pedía a los Estados miembros y a la Comisión Europea que preservaran el pluralismo de los medios y solicitaba la elaboración de una propuesta de directiva relativa a su protección en el ámbito europeo.

i Red de Información Estadística de la UER, 2005.

iiProtocolo 32 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997.

Incluso el proyecto de Constitución europea recoge la necesidad de que se puedan comunicar informaciones sin que haya injerencia de autoridades públicas, en respuesta a la petición del Parlamento de una disposición constitucional acerca de la necesidad de garantizar el pluralismo.

Con toda esta exposición inicial buscamos explicar la necesidad social del espacio público de la comunicación. ¿Demanda la sociedad civil española la existencia de medios de comunicación públicos? ¿Cuáles son esas demandas de la sociedad española con respecto a las radiotelevisiones públicas? La respuesta a estos interrogantes permitiría determinar el modelo y las misiones del servicio público de la radiotelevisión. Sólo de este modo seríamos capaces de definir su dimensión económica y laboral, actualmente en crisis estructural. En definitiva, ¿para qué sirve la radiotelevisión pública?

La pérdida de confianza de la ciudadanía en los medios es un fenómeno social equivalente al desapego que muestra la sociedad hacia los políticos. La facilidad para la manipulación o mediación de la realidad a la que unos y otros suelen inclinarse parece precipitarnos a ello. Como se ha afirmado, “(…) la rapidez y la creciente brutalidad con la que se extiende en muchos sectores políticos, económicos y profesionales de las sociedades democráticas el uso de mecanismos de engaño y de mentira cada vez más descomunales”.i La expansión social de nuevos mecanismos de ocultación y manipulación de la realidad a través de ese sutil entramado o malla tejida de declaraciones, argumentos e informaciones con los que se construyen diariamente los medios de comunicación; la escenificación y construcción de realidades, cuyo propósito no es otro que el de orientar a la opinión pública hacia determinados intereses particulares; la desinformación: toda esta realidad opaca de los medios de comunicación en general parece socavar con facilidad el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, reconocido en el artículo 20 de la Constitución española.

De este modo se manifiesta la utilidad de unos medios de comunicación públicos cuya misión capital radica en cubrir las necesidades informativas de los ciudadanos al desvelar la realidad de lo que sucede. No parece existir otro futuro para el servicio público de la radio o la televisión. Refundar su misión cívica de órganos vivos que explican las historias reales, que atienden al interés colectivo y se constituyen en un servicio en favor del bienestar general.

Su autoridad, por tanto, está basada en el interés colectivo de su actividad, en la ineludible autonomía e independencia editorial y administrativa. Sin ella no cabe imaginar futuro para cualquier medio público. En otras palabras, sin independencia, el servicio público desaparecería paulatinamente devorado por el mercado y el descrédito de sus titulares, los ciudadanos.

Crisis de identidad y redefinición

No somos un caso excepcional en Europa. La televisión pública en Europa vive una crisis de legitimidad desde hace décadas. La hegemonía de las doctrinas desreguladoras norteamericanas y liberalizadoras propias de la Unión Europea ha hecho efecto. Bastaron dos décadas en Europa para que se demostrara la equivocación de que mediante los monopolios públicos se garantizaban mejor la calidad del servicio y el pluralismo informativo en televisión. Pero, a la vez, dos décadas más tarde se plantea la insuficiencia del sistema competitivo y de libre mercado, y sus tendencias oligopolistas en desarrollo desde los años 80, para garantizar la pluralidad necesaria (Moragas y Prado, 2005).

En los últimos años, la televisión pública europea ha abandonado lastres institucionales en el camino e intentado liberarse de las rigideces de su función educativa, pedagógica o del objetivo de la integración cultural nacional. El informe del Grupo de Alto Nivel de Política Audiovisual de la Comisión Europea ha insistido en la necesidad de que “Las televisiones a las cuales se confíe este servicio deben poder asegurarse una importante audiencia para cumplir su misión con relación a todos los grupos sociales” (Comisión Europea, 1998). En todo este proceso, la lógica de la demanda de las audiencias ha sustituido a la lógica de la oferta del monopolio del servicio público de la comunicación, lo que ha provocado una fuerte crisis de su identidad. En último término se trata de la legitimación de la empresa pública de la comunicación en un régimen mixto.

iS. Gallego-Díaz, “Escenografías y decorados”, en El País, 28 de octubre de 2005.

Su financiación mixta –subvención pública e ingresos publicitarios– padece hoy las críticas sobre competencia desleal por parte de los operadores privados. Las autoridades europeas han avanzado en el establecimiento de normas de limitación publicitaria más restrictivas, porque no se trata de ocupar el espacio que pueden ocupar otros agentes sociales. De este modo, la reactualización o renovación de la empresa pública de televisión supone nuevas exigencias: la expansión de su actividad más allá de las fronteras nacionales, el apoyo a los productos y la creación audiovisual nacional, y a la industria electrónica europea. El propio estatuto de la BBC consagra la necesidad de “dejar espacio a los productores independientes en vez de ocupar su espacio”.

Otro ejemplo puede ser el francés. En Francia, donde las funciones que el Estado otorga a la televisión pública como instrumento de la democracia se concretan en las siguientes:

– Ofrecer a todos los ciudadanos condiciones iguales de acceso a los programas de calidad en cualquier parte del territorio que habiten, y prescindiendo de sus condiciones económicas.

– Apoyar la producción audiovisual nacional, realizada por todas las categorías de los productores.

– Oponerse a la estandarización de la programación televisiva ofreciendo diversidad y renovando los géneros televisivos.

– Constituirse en escaparate de las industrias del audiovisual, contribuyendo a la experimentación e innovación tecnológica.

La valoración social de estas prestaciones de la empresa pública de televisión se sigue realizando según criterios de utilidad pública y, por tanto, de eficacia, eficiencia y equidad. Siempre teniendo en cuenta que, si se quiere medir la eficacia de la televisión pública, se requiere ir más allá de los éxitos de público y crítica, pues debe estimarse también y sobre todo la relación entre el servicio proporcionado y los recursos utilizados; es decir, el ajuste en la consecución de sus objetivos institucionales a unos márgenes económicos.

Respecto a esta valoración y a su control por una autoridad independiente, debe tenerse en cuenta tanto la necesaria autonomía editorial de la radiotelevisión pública, como también debe considerarse que sus titulares son los propios ciudadanos, lo que exige por tanto una supervisión parlamentaria (Moragas y Prado, 2000). Resulta un mecanismo de salvaguarda consagrado que, aunque la responsabilidad de la difusión televisiva siga estando en autoridades administrativas, los contenidos de la programación no deben estar sometidos a la intervención del gobierno. Del gobierno o de cualquier otro interés espurio: como la radiotelevisión también es un bien público, debe ser usado en beneficio del interés nacional y no en beneficio de grupos de intereses particulares. Por consiguiente, tanto en el Reino Unido como en Francia y los principales países europeos, la valoración y control del cumplimiento de las obligaciones de servicio público que antes referíamos la realizan autoridades independientes, del tipo de la FCC estadounidense, como el Broadcasting Standard Council británico o el Conseil Superior de l’Audiovisuel francés. Una alta autoridad neutral, no sometida a intervención del gobierno, que no sólo salvaguarda la imprescindible autonomía editorial de la radiotelevisión pública, sino que la evalúa permanentemente en el cumplimiento de sus objetivos.

En resumen, que el ámbito europeo y su marco comunitario tiene ya generalizada la idea de que los dos modelos, público y privado, pueden convivir en el escenario audiovisual y no excluye en modo alguno sino que admite la función de entretenimiento en la misión de servicio público de la radiotelevisión. Misión a la que también identifica con una clara vocación diversificada y mayoritaria de audiencias.

Hace ya más de diez años que la UER especificó las misiones del servicio público de este modo: “Una programación para todos, un servicio de base generalista con ampliaciones temáticas; un fórum para el debate democrático; libre acceso del público a los principales acontecimientos; una referencia en materia de calidad; una abundante producción original y un espíritu innovador; una vitrina cultural; una contribución al refuerzo de la identidad europea, como también a sus valores sociales y culturales: un motor de la investigación y del desarrollo tecnológico”.i

En definitiva, se trata de defender una programación con un apreciable nivel de servicio, para un número amplio de ciudadanos y con unos resultados económicos satisfactorios. Precisamente, la rentabilidad social no debe entenderse como excluyente de la rentabilidad económica, como ha podido aparecer en ocasiones.

Por tanto, se ha generado una permanente redefinición de la misión de las televisiones públicas en Europa, que parece replantearse sin cesar en la necesaria tensión que exige su adecuación a los cambios sociales acelerados. ¿Cuáles son, en definitiva, los valores que la televisión pública aporta hoy a los ciudadanos europeos? La calidad sigue siendo el paradigma que resume la diferencia esencial entre la oferta del servicio público y la puramente comercial. Pero ¿qué entienden los ciudadanos europeos cuando hablamos de calidad?

Más allá del estereotipo que trata de extender la falacia de que lo privado es síntoma de libertad y lo público de manipulación gubernamental, debe de tenerse presente que los ciudadanos europeos asocian la televisión pública sobre todo con la existencia de distintos tipos de programas y géneros, estrenos, buen gusto, debate social, innovación, producción nacional.ii Mientras que la relación emocional prima en el vínculo entre espectador y televisión en detrimento de lo más racional o reflexivo, parecería que el espectador demanda a la televisión pública lo contrario.

También en España, las características diferenciales e irrenunciables de la televisión pública deberían ser las siguientes:

– La pluralidad e independencia. Necesarias en el tratamiento de la información.

– La calidad y distinción. La necesidad de entretener, divertir y complacer al espectador añadiendo información y conocimientos.

– La diversidad e innovación. No estandarizar los contenidos, ni explotar las fórmulas estereotipadas.

– La profesionalidad y objetividad. Promover la profesionalización de la actividad creativa y productiva.

– La eficacia y transparencia. La eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.

Valores cívicos, cohesión territorial, pluralismo, promoción educativa, identidad cultural, proyección internacional y acceso a la Sociedad de la Información son algunas de las actividades de la radio televisión estatal que concretan los enunciados de las grandes misiones del servicio público.

La traducción hoy de todas estas misiones en la programación de Televisión Española (TVE) se puede concretar en sus dos cadenas generalistas actuales de este modo: una oferta de programación equilibrada, constituida por una programación de entretenimiento familiar para todos los públicos y de vocación mayoritaria, referente audiovisual; y otra segunda oferta de programación más minoritaria, joven y diversa, más alternativa a la convencional, más innovadora, alimentada por la red territorial. Y de modo esencial y vertebral a esta oferta, una programación de informativos potente, profesionalizada y neutral. Además de una oferta temática que atienda a públicos y demandas específicas como la deportiva, la infantil o la informativa. En resumen, y por encima de todo, una programación de calidad, digna y respetuosa con la diversidad cultural de todos los ciudadanos españoles.

Estos deberían ser los vértices del modelo de la nueva radiotelevisión pública en España, es decir, los mismos que los de aquellos países de nuestro entorno europeo.

La herencia, los expertos y la ley

Sin embargo, ¿de dónde partimos hoy?, ¿cuál ha sido la herencia a la que se enfrenta la nueva televisión pública en España? Se trata de una situación insostenible provocada por un modelo financiero (propio del modelo monopolista) previo a las televisiones privadas: un endeudamiento galopante de más de siete mil 500 millones de euros, una estructura de recursos ineficiente, la falta de independencia, la politización y la ausencia de mecanismos de control eficaces.

Debe recordarse cómo durante la transición política no se democratizó el servicio público de la radiotelevisión y permaneció ligado al Poder Ejecutivo a través del nombramiento del director general. Ni la izquierda ni la derecha españolas, poco liberales y proclives al intervencionismo, propugnaron la autonomía editorial de RTVE. Por su parte, la aparición de los canales autonómicos supuso duplicar esfuerzos, personal, presupuestos, subvenciones y deuda a la situación anterior. De igual modo, RTVE no supo digerir convenientemente el proceso desregulador que vivieron otras televisiones públicas europeas.

iUER: Red de Información Estadística, 2005.

iiOFCOM, Reino Unido, 2004.

Los aspectos negativos de esta situación de RTVE a principios de 2004 han sido resumidos en los siguientes:

1. Plantilla sobredimensionada que no impide la necesidad de recurrir de manera generalizada a la contratación externa en los programas de producción propia.

2. Irregularidades en la gestión y prácticas poco ortodoxas en determinadas áreas.

3. Crisis financiera endémica no homologable con las demandas de la Unión Europea (Arnedo, 2005).

La obsolescencia del estatuto que ha regido la radiotelevisión pública estatal en los últimos 20 años (que no vivió evolución ni adaptación normativa alguna a pesar de la aparición de las cadenas públicas regionales –los terceros canales de titularidad pública– y las televisiones privadas), la quiebra financiera de su sistema, la crisis de credibilidad generada y la manipulación gubernamental han desembocado ahora en una situación alarmante que reclama la renovación ineludible de ese modelo y su marco legal. La regeneración democrática del sistema mediático español de titularidad estatal, como motor de una regeneración del sistema comunicativo público entero, que hiciera por fin posible una mayor comunicación social democrática (Bustamante, 2005). Por esta razón se ha llevado a cabo un proceso de reforma del marco jurídico y administrativo que configura un nuevo modelo de la radiotelevisión pública estatal.

Si bien es cierto que la programación de TVE, como también la de Radio Nacional de España (RNE), parece haber sido cada vez menos atractiva para los ciudadanos, especialmente para la audiencia juvenil, o con síntomas que pueden observarse en el descenso en la venta de programas en 2003, no son del todo acertadas por simplistas las apreciaciones que señalan que TVE ha experimentado en los últimos años un fuerte descenso de su cuota de mercado por encima del de otros grandes grupos públicos europeos (ver cuadro 1).

Ni en el Reino Unido, ni en Francia, Italia o Alemania, han vivido la desagregación de las 13 televisiones públicas regionales, en algunos casos con dos o tres programas, que han llegado a consolidar un 18% de cuota de pantalla en 2003. El abismo del descenso del 70% de cuota de TVE en 1990 al 30% de 2003 o el 25% actual es la historia natural del fin del monopolio y de su hegemonía en un escenario cada vez más plural y competitivo, incluso dentro del propio sector público.

Ya existen en España 260 emisoras de televisión, alguna más que los 205 diarios de prensa escrita, y además mil 400 emisoras de radio.i España es hoy día uno de los países de la Unión Europea que, además de disponer de una de las más amplias ofertas televisivas, tiene más administraciones públicas implicadas en esta actividad. Considerando las emisiones nacionales y las regionales, las televisiones públicas en España ocuparían cerca del 43% de cuota de mercado. A la hora de estimar la auténtica dimensión del servicio público de radio y televisión no puede obviarse que, por ejemplo, los créditos previstos por los gobiernos autonómicos para los entes públicos de radio y televisión regionales en 2005 llegan casi a duplicar, respecto a RTVE, la cifra general de aportaciones públicas a estos servicios de radiotelevisión (ver cuadro 2).

De aquí se deriva el hecho de que la aportación de los fondos públicos a las televisiones públicas en general estaría en torno a un 0.35% del PIB español, situándose en la parte más alta del cuadro de países de la UE. Sólo superado por Austria, Alemania, y Francia (ver cuadro 3).

En España, el papel regional de cadenas como France 3, RAI 3, BBC 4 o la ARD han sido sustituidas por la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). La mayor parte de estas cadenas regionales, 13 empresas que, como ya hemos señalado, han ido reproduciendo desde su aparición en 1983 los peores males de RTVE, se han visto también criticadas por su dependencia gubernamental, sus programaciones comerciales pese a su financiación pública mayoritaria y sus aportaciones estatales confusas vía endeudamiento.

Como ya se ha indicado, en España hemos vivido en las últimas décadas una radiotelevisión que como servicio público se hundió en una larga quiebra económica y moral, en la que se mercadeó con la sumisión política a cambio de que el gobierno de turno avalara un endeudamiento galopante. Aquí radicó su aberración: una RTVE que no cumplía satisfactoriamente con el cometido de servicio público esencial (Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado, 2000), en el que desapareció el tiempo destinado a debates, sin atención a la programación educativa, a la infancia y la juventud, con carencia manifiesta de calidad y buen gusto.

Una estancada e inadecuada distribución de la plantilla, que fagocitó todas las regulaciones de empleo realizadas en los últimos años, unida a la rigidez de las categorías laborales y la falta de adaptación al cambiante mercado laboral audiovisual, han unido de forma aberrante la herencia de una densa nómina de trabajadores con un elevado porcentaje de gastos de aprovisionamiento y de servicios externos en sus producciones (Arnedo, 2005).

Con un sistema de gestión dominado por la imposibilidad de imputar responsabilidades, sin indicadores fiables de la eficacia de la administración, se generó un escandaloso sistema donde la falta de competitividad en los gastos de explotación era la norma, y no existía más incentivo para sus gestores que la prebenda política.

Salir de todo esto ha supuesto que un gobierno recién elegido decidiera iniciar la transición de un sistema caduco hacia un nuevo modelo saneado y homologado. Que decidiera un cambio que afecta tanto a su naturaleza jurídica, a su organización y al ejercicio de su actividad: primero, al elegir un comité de expertos independientes (Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado) que analizó la situación crítica y propuso recomendaciones; después, a través de la modificación del marco legal anticuado, y finalmente al aplicar un plan de saneamiento y de futuro de la entidad.

iGuía de los Medios de Comunicación de España, núm. 163, septiembre-octubre-noviembre, Madrid, 2005.

Aquellos expertos suscribieron, aunque con algunas diferencias internas, un informe diagnóstico en el que se mostraban partidarios de una reforma inevitable y urgente que concluyera con la experiencia histórica reciente de una gestión opuesta a las exigencias de neutralidad, transparencia y calidad, una situación de crisis financiera insostenible y una evolución tecnológica que abocaba a los medios, también a los públicos, a un cambio ineludible. Su propuesta implica el establecimiento de una gestión y un control que impidan la manipulación gubernamental y las cuotas partidistas, la regeneración e independencia del servicio público, la limitación publicitaria, las vías transparentes de financiación pública, el funcionamiento de un Consejo Audiovisual de España y la reordenación legislativa (Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado, 2005).

Por consiguiente, y desde el dictamen de los expertos de principios de 2005, esta transición ha estado siempre basada en cuatro grandes líneas:

1. La necesidad de no debilitar el peso social del servicio público de la radio y la televisión, lo que excluía la privatización de cualquiera de sus actividades.

2. Consagrar la conciencia de rentabilidad social de su actividad, lo que debe inspirar siempre sus funciones y contenidos.

3. Sostenida financieramente por el modelo mixto que existe en la mayor parte de los países de la Unión Europea, a través de la subvención pública.

4. Sujeta al control del Parlamento, pero dirigida de modo autónomo e independiente del poder gubernamental.

La deficiencia o ausencia de definición de las funciones del servicio público en el antiguo Estatuto de RTVE ha hecho imprescindible una nueva legislación de contenido más preciso y que determine más estrictamente las misiones del servicio público. La ley posterior se ha encargado de definir este aspecto esencial, con una programación de calidad y el fomento de la producción española y europea, y encomendar dicha función a una nueva Corporación de RTVE. Sus sociedades anónimas excluyen el aval del Estado o el endeudamiento y sus criterios de gestión se adecúan a los criterios comunitarios.

Esta nueva sociedad, sometida al control parlamentario está gestionada por un Consejo de Administración, que elige mediante proceso público al director y suscribe un contrato-programa con el Estado que concretará la subvención y los objetivos o la administración del servicio público. Los consejos de informativos, de los profesionales de la información, y los consejos asesores articulan la participación de la sociedad civil. A su vez, esta ley se complementa con otra que prevé la constitución del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales como autoridad reguladora independiente, del tipo de las anteriormente señaladas del Reino Unido o de Francia.

El reto del mundo digital

Pero no es posible pensar en un modelo para TVE sin tener en cuenta el escenario audiovisual del presente, sumido en intensas corrientes evolutivas tanto tecnológicas como de hábitos de consumo. Nos referimos al horizonte digital. Y de igual modo al escenario de futuro, en el que el servicio público debe cumplir un papel motor en el acceso de todos los ciudadanos a la Sociedad de la Información, a través de la televisión digital, Internet y los servicios on line.

Los planes de digitalización de los procesos de producción y emisión de información, que han invadido otras muchas áreas de las comunicaciones y la electrónica de consumo, como la música, el cine, el video o la fotografía, siguen siendo una asignatura pendiente en la televisión. Esto ha sido consecuencia de errores estratégicos de la anterior administración que declinó en el sector privado y de pago un desarrollo del cambio tecnológico que nunca se produjo.

Mientras que el consumo de televisión prácticamente no ha evolucionado en la última década y parece haber alcanzado su techo, han incrementado exponencialmente su penetración en los hogares los ordenadores con líneas ADSL para el uso de Internet –del 2 a más del 50% de los hogares con ordenador en los últimos cuatro años– y del teléfono móvil –del 2 a más del 90%–. Todo ello, junto al avance de las videoconsolas entre los más jóvenes, no ha hecho sino someter a la televisión a una nueva realidad en la que empieza a compartir su hegemonía en la ocupación del tiempo de ocio de los ciudadanos con estos nuevos medios.

Por esta y otras razones, la audiencia de la televisión lleva años desplazándose y fragmentándose a diferentes velocidades y los distintos operadores cada vez comparten una menor cuota de pantalla. Tanto la aparición de nuevos operadores en el escenario analógico como la migración digital en los próximos años (que prevé una penetración optimista del 80 al 90% en la fecha del apagón, 2010,i o la implantación de los nuevos servicios y formatos de televisión en general, ahondarán aún más esta tendencia hacia la segmentación de los espectadores (ver cuadro 4). Sin duda el nuevo escenario audiovisual permite ampliar y pluralizar la oferta. La Televisión Digital Terrestre multiplica por cuatro la actual oferta, abriéndola gratuitamente a los canales temáticos, a una mayor calidad y a nuevos servicios interactivos.

La televisión de alta definición o HDTV, gracias a la gran calidad de imagen que proporciona, puede potenciar significativamente la diferencia percibida por el usuario entre la televisión analógica y la digital. Pero no sólo se consagra la época del muticanal en televisión, pues el horizonte de la convergencia digital, la banda ancha en los hogares y el empaquetamiento de servicios on line aportará usos interactivos a la televisión. La emergencia de nuevas tecnologías y usos en el audiovisual trae novedades de largo alcance en la explotación de los contenidos.

La broadband sustituye al broadcasting. El video bajo demanda por cable nos permite acceder a través de un servidor a un operador de cable que puede remitirnos 20 o 30 filmes. Los servicios de televisión sobre IP y video digital, o televisión interactiva, permiten a través de una guía electrónica de programación acceder a diferentes aplicaciones. El Personal Video Recorder permite almacenar en el disco duro y constituir una librería de videos y contenidos. El Home Media Server o servidor de medios audiovisuales que descarga cualquier contenido. El Mobile Video que va a hacer furor de modo inminente en los teléfonos móviles.

De este modo, la radiotelevisión pública también va a tener que hacer frente al reto del mundo digital. Los nuevos multimedia (TV-IP, Mobile TV, PVR) acabarán perfilando nuevos consumidores, radicalmente diferenciados de las audiencias generalistas actuales. Los medios públicos, cuyos titulares son todos los ciudadanos, deben pues adaptarse también para trabajar al servicio, en definitiva, de unos nuevos clientes: el público de la edad de la post-televisión hace tanto tiempo ya anunciada (Eco, 1999).

En definitiva, los nuevos usos de la televisión, y sin ir tan lejos, la migración digital impone nuevas demandas, también a la televisión pública, de unos ciudadanos más adultos audiovisualmente: mayor calidad a través de mejores programas, mayor variedad a través de más programas y nuevos servicios interactivos con el espectador, como valor añadido que diferencian nítidamente esta nueva era de la televisión de la anterior.

i Informe del grupo de análisis y prospectiva del sector de las telecomunicaciones, Red.es, 2005.

Adaptación y reforma de RTVE

De este modo y respecto a ese horizonte digital al que aspira también la televisión pública, ¿cómo se debe adaptar TVE? En cuanto a los contenidos, desarrollando necesariamente más opciones en una oferta más amplia.

Además de sus dos canales generalistas, TVE pretende el desarrollo de nuevas ofertas temáticas: la informativa, la de deportes, la infantil, musical/ juvenil, documental, ciudadana o parlamentaria; muchas de ellas ya en funcionamiento. Pero sin duda y de cara a la convergencia, TVE debe desarrollar una oferta multimedia como la que ya han iniciado en otras televisiones públicas europeas. Esta nueva oferta está constituida tanto por programas a la carta como contenidos para la red y para los móviles, así como las bases de imágenes y venta de archivos, en la línea de la experiencia de la BBC.

En resumen, de forma inminente TVE se debe dotar de un Nuevo Plan de Acción Digital que incluye tanto la digitalización de la producción y la emisión como la nueva oferta muticanal para la TDT. Además TVE prevé la digitalización de sus archivos y centros de documentación (más de un millón y medio de horas grabadas y 20 mil documentos de Nodo, es decir toda la historia contemporánea en imágenes de España y sus comunidades territoriales), y la creación de la nueva oferta multimedia y servicios en línea que hemos señalado antes.

Todo este desarrollo de futuro requiere igualmente de una adaptación organizativa estricta. La reforma de la televisión y la radio estatal debe avanzar en la adaptación al nuevo escenario que constituye la TV digital y de los servicios en línea que hemos señalado. La televisión y la radio públicas necesitan un ajuste financiero radical, ser más eficientes en su gestión, más abiertas y transparentes en su organización, con atribución de responsabilidades a sus administradores, y más receptivas a las demandas de la audiencia y los ciudadanos. La reforma de TVE debe avanzar en resumen desde estos principios en cuatro áreas:

1. En el área financiera y en la gestión económica diaria, para ser más eficaz y eficiente.

2. En la producción y creación. En el talento más receptivo con las nuevas demandas del público.

3. En la estructura territorial, descentralizando la producción y acogiendo la creatividad regional.

4. En la comercialización y venta o en la rentabilización de su proyección internacional.

Un espacio público fuerte e independiente, referente en la industria del audiovisual y de la comunicación. En suma, una nueva RTVE definida por la eficacia, eficiencia y transparencia en su gestión, la independencia informativa, la calidad y distinción de su programación, la diversidad cultural de su estructura territorial, la potenciación de las industrias culturales y los deportes minoritarios y los servicios exteriores del Estado.

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