El contexto de “apertura política” que creó en las últimas décadas en México el proyecto económico político modernizador de la globalización, especialmente de 1980 a la fecha, modificó sustancialmente diversas áreas estratégicas para resolver las contradicciones que se presentaban entre el marco jurídico vigente y el proceso de desarrollo interno para producir nuevas condiciones favorables para la expansión económica nacional y mundial. Así, se transformaron las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la regulación del ejido, la inversión extranjera, la transparencia del gobierno, la innovación educativa, la reforma política, la legislación electoral, el marco ecológico, los procesos fiscales, las reglas electorales, la organización del gobierno, etcétera, excepto la estructura de la comunicación electrónica colectiva del país.
Durante más de 35 años, diversos sectores académicos, organizaciones sociales, comunicadores, trabajadores de los medios, legisladores y ciudadanos, a través de diversas instancias, propusieron múltiples vías para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyTV) y la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT no fueron consideradas por el Estado. Hasta la primera década del siglo XXI en México, ninguno de los reclamos básicos de la sociedad civil al respecto fueron contemplados por el proyecto del mercado y del poder. Lo único que aceptó parcialmente el Estado fue el introducir algunas transformaciones lights como fueron la reglamentación para la oferta de nuevos servicios de telecomunicaciones, el parche a algunas realidades jurídicas menores de la radiodifusión, la protección parcial a los comunicadores, la precisión jurídica para la incorporación de nuevas tecnologías, la difusión de temáticas novedosas, la inclusión de un débil y condicionado derecho de réplica, el impedimento para que los partidos políticos no compren directamente tiempo a las empresas de comunicación en los procesos electorales, pero que no modificaron la médula de la estructura monopólica, concentrada y autoritaria del sistema de comunicación nacional. Nunca se consideraron los diagnósticos, las demandas e iniciativas democratizadoras fundamentales que presentó la sociedad civil para propiciar el cambio plural e incluyente de las políticas de comunicación, pues la enorme mayoría de ellas fueron negadas, menospreciadas, desconocidas y marginadas por la esfera del poder gubernamental.
Con ello, el Estado desconoció que en la sociedad moderna los medios de difusión colectivos son la base de la existencia del principal espacio público contemporáneo, y que por consiguiente, dichas instituciones debían estar normadas por las necesidades e intereses de crecimiento de la sociedad, y no sólo por los apetitos del mercado autorregulado o por los intereses del poder político en turno.
La imposición de la Ley Televisa
Pese a la existencia de diversas iniciativas ciudadanas, sorpresivamente el 1 de diciembre del 2005 se aprobó en la Cámara de Diputados, vía fast track, un proyecto de Reforma a la LFRyTV y a la LFT denominado popularmente Ley Televisa que fue presentado y dictaminado en 8 días, apoyado por la unanimidad de los diputados, aprobado en 7 minutos, sin mociones a favor o en contra, ni abstenciones y sin destacar la trascendencia de la misma.
Más adelante, sin tomar en cuenta la existencia del anterior proyecto ciudadano de Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que ya se encontraba desde hacía tres años en el Senado en proceso de análisis y discusión por las Comisiones Unidas de Comunicaciones, Gobernación y Estudios Legislativos; la Cámara de Diputados envió a la Cámara Alta la nueva propuesta denominada Iniciativa que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión que ya había sido aprobada, vía fast track, por la unanimidad de su pleno. Así, el 30 de marzo del 2006, un sector mayoritario de legisladores a favor de la Ley Televisa aprobó el mismo proyecto de reforma en el Senado sin ninguna cirugía mayor, ni discusión de las severas intervenciones en contra que presentaron los legisladores de oposición que la cuestionaron profundamente.
Posteriormente, haciendo caso omiso de las numerosas peticiones de los múltiples grupos sociales que demandaron que el Poder Ejecutivo vetara la Ley Televisa, el presidente Fox publicó el 11 de abril del 2006 en el Diario Oficial de la Federación la nueva LFRyTV y la LFT para dar reconocimiento oficial y colocarla en plena vigencia jurídica. De esta forma, siguiéndola misma estrategia que adoptaron los gobiernos priistas durante muchas décadas al aprovechar la “Semana Santa” como momento protegido para anunciar las fuertes devaluaciones del peso, se utilizó este mismos período vacacional donde la población se encontraba muy distraída por el descanso y la celebración de las ceremonias religiosas, para publicar dicha Ley.
Así emergió en México un marco jurídico desigual regido por la lógica salvaje de la acumulación que protegió a los monopolios privados y que formuló que la radiodifusión y las telecomunicaciones debían de regirse exclusivamente por los mecanismos autorregulatorios de la mano invisible del mercado, que fija la relación de oferta y demanda entre productores y consumidores y no por los principios rectores del Estado. Pero el Poder Judicial de la Federación cobró conciencia de ese gravísimo error y detuvo su avance. El 7 de junio del 2007, la Suprema Corte de Justicia anuló los aspectos centrales de la Ley Televisa y colocó el mandato de la Constitución en el terreno de la comunicación social por encima de los intereses de los poderes fácticos. Con esa resolución la sociedad no asistió a un hecho coyuntural más de la burocracia legal, sino que presenció un evento de enorme trascendencia que contribuyó significativamente a colocar nuevamente al Estado como instancia rectora del proceso de comunicación del país.
¿Cómo avanzar?
El Congreso de la Unión tiene la enorme responsabilidad de demostrar que sí se puede construir la otra historia democrática de la comunicación nacional. México ya no aguanta más el funcionamiento autoritario, discriminatorio y anti ciudadano del viejo modelo de difusión colectivo privado. Es medular realizar una profunda reforma plural integral de la relación comunicativa entre el Estado, los concesionarios y la sociedad. Dentro de este nuevo marco es necesario destacar que si con la intervención de la Suprema Corte se puso provisionalmente límites a los monopolios de la radiodifusión comercial, ahora para avanzar en el proceso de construcción pacífica de la democracia informativa de nuestra sociedad, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben permitir que emerjan los tiempos de la ciudadanía comunicativa demandados durante más de 5 décadas por los principales sectores sociales de la nación.
La transición democrática requiere la creación de un nuevo nivel de derecho comunicativo a través de la formación de un moderno andamiaje jurídico que cree otro acuerdo social entre el Estado, los concesionarios y la sociedad civil, y supere la concentración, el autoritarismo, la discrecionalidad, la exclusión, la desigualdad, la unilateralidad, la manipulación, la información parasitaria, los excesos publicitarios, etcétera, que practica cotidianamente el viejo orden informativo nacional.
El país no cambiará hacia el equilibrio social sin la transformación democrática de los medios de comunicación, especialmente de los electrónicos. El Congreso debe instrumentar una nueva normatividad que cree un moderno marco jurídico que respalde las garantías comunicativas básicas consagradas por la Constitución y el derecho internacional, como son la soberanía cultural del Estado, la competencia informativa, la práctica de la pluralidad cultural, el otorgamiento de las concesiones por licitación no al mejor postor lucrativo, sino al mejor proyecto social de contenidos, el acceso igualitario a los medios por todos los sectores, el ejercicio del Derecho de Respuesta ciudadana, la promoción del servicio público, y el respeto al ejercicio de los derechos elementales de los ciudadanos como son, entre otros, la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica.
Los poderes públicos deben aprovechar la fase de reforma del Estado en la que entró el sistema de poder en México para crear un avanzado marco jurídico sobre la radiodifusión que permita formar un nuevo orden de comunicación nacional que posibilite que el Estado rescate su función rectora de la cual ha claudicado en el terreno comunicativo. Ese orden debe permitir que la clase política se libere del poder manipulador de los poderes fácticos que han llegado a su etapa salvaje subordinando al Estado, a los poderes públicos y a la sociedad en general ante sus intereses comerciales particulares. Por ello, ahora el Estado debe actuar como una entidad rectora soberana y no simplemente como un gerente administrador de los requisitos del programa comunicativo para la mega acumulación oligopólica.
Este nuevo entramado jurídico, además de darle seguridad jurídica a las industrias culturales, debe definir la ineludible responsabilidad social que les corresponde practicar a los medios electrónicos, particularmente privados, ante la sociedad, y permitir crear bases comunicativas igualitarias para crear una comunidad plural y equilibrada; y no sólo que produzca un modelo de comunicación de mercado desregulado para incrementar el feroz proceso de súper concentración de capital, a costa de lo que sea. En este sentido, la nueva normatividad debe comprender a la industria de las comunicaciones dentro de las necesidades de desarrollo integral de toda la sociedad, y no únicamente dentro de los requerimientos de expansión del sector audiovisual más privilegiado del país. No se debe incrementar más el poder impune de las televisoras, pues representa un grave peligro para la democracia y para el crecimiento equilibrado de la nación. Es indispensable contar con contrapesos jurídicos, políticos y sociales que limiten el poder supra constitucional desmedido que han alcanzado los medios de difusión colectivos privados, especialmente electrónicos.
La participación de las comunidades en el nuevo espacio público mediático evitará los desbordamientos sociales que van en aumento y logrará aportar bases firmes para la transición pacífica a la democracia. Por ello, ante el grave fenómeno de descomposición social que se vive en el país en muchos ámbitos de la gobernabilidad, especialmente en el terreno comunicativo, la comunidad mexicana espera la respuesta del Poder Legislativo. La realización de este proceso de cambio no debe retrasarse más. De no efectuarse ahora, el viejo autoritarismo disfrazado de “renovador” resurgirá en el horizonte político, con sus graves vicios tradicionales de represión, verticalidad, discrecionalidad, hermetismo, desinformación, mercantilismo y descontextualización cultural, impidiendo la evolución de nuestra sociedad a la democracia por la vía pacífica.
Ya es insostenible que se repita la historia de “no encontrarle la cuadratura al círculo” que el gobierno ha argumentado en los últimos 50 años, y abandonar la deuda histórica comunicativa que el Estado mexicano tiene al respecto. Si no se contempla en la elaboración de una nueva legislación la inclusión de los derechos comunicativos fundamentales que la sociedad mexicana ha demandado durante décadas, encontraremos que en plena fase de “modernización”, “apertura” y “transición política nacional”, se habrán modificado las estructuras económicas, políticas, jurídicas, tecnológicas, etcétera, de nuestro país, pero no se habrán transformado las estructuras mentales profundas que, en última instancia, son las bases centrales que sostienen y le dan vida a nuestra nación. Bajo estas circunstancias, la sociedad mexicana estará avanzando con los “ojos vendados” por un precipicio mental muy peligroso y dentro de algunos años veremos y sufriremos las consecuencias devastadoras que habrá dejado sobre nuestras conciencias y comportamientos colectivos cotidianos la presencia del funcionamiento desregulado de la lógica de mercado en el terreno cultural, comunicativo y espiritual de nuestro país.