La seguridad pública está totalmente en tela de juicio. Hoy es de la mayor preocupación pública y, por lo mismo, genera enojo y tensiones entre el gobierno y un bloque de actores políticos y la sociedad. Se han ido y venido nuevos gobiernos, y la inseguridad “nomás no afloja”; por el contrario, crece y crece y se fortalece más y más. Está desbordada en una suerte combinada entre la delincuencia ordinaria y la delincuencia organizada, por lo que en todo tiempo “hay que estar a las vivas” y cuidarse de una y de otra. Ya no se sabe dónde y en qué momento “va a brincar la liebre”. Así lo percibe la generalidad de la gente, debido a que estima que hay una imbricación de roles sociales y relaciones de connivencia entre delincuencia y autoridades, pues como también a veces lo dice en sus coloquios, sin que se sepa si se está ante un delincuente o ante una autoridad en ejercicio de sus funciones.
De ahí el debate que se mantiene y que se ha tornado ríspido sobre si la seguridad pública debe ser civil, como lo mandata la Constitución, o debe militarizarse; esto es atenderse por la institución militar; o si no, entonces por lo menos mantener por cinco años más su encargo a las fuerzas armadas. En este escenario, lo que hay son dos posturas: la civil, atendida solo por civiles y la militarizada, ya sea definitiva o temporal, que es la posición del Ejecutivo con el acompañamiento de sus legisladores y de los partidos políticos que lo acompañan. Ese es el dilema político legislativo en el que están parados. Pero también se ha abierto una puerta para darle salida al conflicto, con la que se busca consensar y construir el establecimiento de una nueva estrategia de seguridad pública que, sin tregua, sea más contundente, eficiente y eficaz, para cerrarle el paso a la inseguridad. La discrepancia y división entre unos y otros; esto es, la manzana de la discordia, la ha provocado la galopante inseguridad que impera por doquier.
Ya en otra oportunidad hicimos una breve exposición, en un sobrevuelo nacional, identificando las entidades federativas en las que se cuenta con mandos militares y civiles al frente de las secretarías de seguridad pública y la distinta denominación con la que se designa a estas instituciones (y en este sentido “sigue la mata dando” con nombramientos de militares en los nuevos gobiernos estatales que se están instalando) y señalábamos que no obstante esos cambios en la nomenclatura de las instituciones y movimientos en los mandos, la incidencia delictiva sigue progresando. Por lo que todo indica que no importa la formación que tengan los titulares de las secretarías de seguridad pública ni cómo se llamen estas instituciones, pues mientras no cambie su enfoque; se realicen cambios estructurales; en sus procedimientos de operación; se mejore su conocimiento y cuente con el equipamiento moderno y suficiente, no van a variar sus resultados, con independencia de que las dirijan civiles o militares.
Y es que aún con secretarios de seguridad pública con formación militar en los estados y con la ayuda de las fuerzas armadas haciendo funciones de seguridad pública en las calles no cede la inseguridad, hay algo que no checa y no ensambla; no es explicable, pues tratándose de unas fuerzas armadas profesionales, preparadas, con conocimientos, habilidades y armamento, si no se ha podido con la delincuencia, ¿qué sería el día que hipotéticamente se corra el riesgo de una guerra declarada o invasión, en la que se tengan que enfrentar a otro ejército? ¿Rápido nos podrían derrotar? ¿O que es lo que falta?, porque hay confianza en nuestras fuerzas armadas. ¿pasar de una orden pasiva a una orden activa?
Por supuesto que la seguridad publica en manos de los civiles no ha sido ni es totalmente exitosa, ya que tiene debilidades y hoyos que la hacen vulnerable ante el severo acoso que ejerce la inseguridad, aunque susceptible de mejorarse sustancialmente. Pero la que está en algunos lugares bajo la responsabilidad de militares “no cantan malas rancheras” como dice la voz popular, pues la inseguridad muestra la misma tendencia al alza. Luego entonces, ¿dónde está la falla? En este sentido, hay razón por quienes aseveran que lo que se requiere realmente, más que el cambio de responsabilidades de instituciones en la seguridad pública, es tejer una nueva política y estrategia de seguridad pública, pero bien acompañada con la voluntad política para hacerla realmente viable y efectiva.
Para ello, hay que hacer adecuaciones estructurales para mejorarla, entre otras, cambiar sus procedimientos de operación, los cuales requieren del desarrollo de competencias, así como de infraestructura y cultura operacional, y eliminar la corrupción, ya que ésta es un elemento distorsionador de la ecuación, pues de lo contrario no van a variar sus resultados. Además del desarrollo de las capacidades operacionales mencionadas, es necesario mejorar la articulación institucional mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno dándoles mayor fuerza a estados y municipios; la vinculación social a través de esquemas de contraloría ciudadana, obviamente en manos de la ciudadanía, así como de la rendición de cuentas y el control social, independientemente de quien se encargue de atenderla, ya sean civiles o militares. Tienen que contar con mejor preparación y equipamiento para el eficiente y efectivo combate a la inseguridad. Sí es factible construir sistemas funcionales, eficientes y eficaces con más presupuesto, mejor conocimiento, capacitación, armamento y avituallamiento permanente, oportuno y de avanzada.
Preocupa, y mucho, la inseguridad existente, y esto es lo que, como hemos dicho, provoca malestar y tirantez de la población con el gobierno, por la intranquilidad y miedo que crea en su vida y en el desarrollo de sus ocupaciones. Las más de las veces la gente considera que se encuentra a la deriva y “a la buena de Dios”, como reza el proverbio. Y esto lo hace pensar que el gobierno no está cumpliendo bien con su tarea en este rubro, no obstante ser de siempre, y lo será permanentemente mientras exista el Estado, una de sus funciones principales.
Recuérdese que así fue como nació el Estado. En la necesidad de dar seguridad ante la inseguridad existente en aquellos lejanos tiempos, y que todavía le dan razón de ser, con la conformación política del pacto social para constituirse en esta institución, con el fin de defender de las amenazas a esas sociedades primarias. Su producto primario; esto es, el de primera necesidad fue la seguridad para el bienestar; para estar seguros y resguardados de la inseguridad proveniente de afuera del conglomerado político-social, así como de la que se generara en su mismo interior, al igual que para prevenir, repeler y eliminar los elementos nocivos a la salud de la institución llamada Estado, que pudieran ponerlo en riesgo de descomponerlo o de desintegrarlo.
Por eso la creciente y escandalosa inseguridad que se vive no solo es una amenaza contra el gobierno (contra uno de los elementos constitutivos del Estado que se creó mediante la voluntad general primero, y después vaciada en la Constitución en su paso a un Estado de Derecho Constitucional), que ya de suyo es extremadamente grave, sino también contra la propia esencia, razón, misión y existencia del Estado.
Y es que por los acontecimientos que se viven, hasta pareciera que hay dos gobiernos: el institucional, constitucional y legal; es decir, el de derecho, y otro de hecho e ilegal. Este último, el de la delincuencia y que manda. El primero con sus instituciones y reglas formales, y el otro con sus reglas no escritas e informales, pero que las hace valer. Esto es muy grave, porque al erosionar al gobierno, lo pone de hecho, no de derecho, en riesgo de desaparecer al gobierno, a la vez que atenta contra el Estado mismo. El riesgo es que termine estableciéndose un gobierno y estado paralelo. ¿Es una exageración?; sí, todavía lo es, pero para como van las cosas, pareciera que “vamos que volamos para allá.”, como popularmente se dice.
Y es que hasta pareciera que la delincuencia es la nueva soberana, porque ahora ella decide; esto es, la que mandan. Ahora es la mandante, pero mandataria a la vez. Pareciera que el pueblo y el gobierno son sus súbditos. El dilema en los hechos para la gente, no en el derecho, es ¿a quién obedecer?, porque con los dos, con el formal y con el informal, hay consecuencias. En práctica, para la gente por el momento “no hay de otra”, como luego se dice, más que “írsela sobrellevando”, en lo que se toman las decisiones correspondientes que alivien esta situación.
Por eso es urgente recomponer y restaurar al Estado; y más específicamente recomponer y restaurar al gobierno, que es el mayormente implicado en esta descomposición gubernativa y político social que hoy existe. Es un tema de lo más relevante y delicado que compete a estos dos elementos humanos vertebrales de la composición del Estado; tanto al gobierno como a la misma población, porque los dos tienen que ir amalgamados en esta trascendental tarea de procrear seguridad para procurar vivir mejor y despuntar el sano desarrollo del país.
