A seis años de la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, sus capacidades son “insuficientes” para responder a las “necesidades reales de protección” de sus usuarios y “se prevé que esa insuficiencia se agudice” ante el creciente número de personas que buscan protección, situación que se agrava por la “insuficiencia de recursos económicos y materiales”.
Este panorama hace pensar que en el corto plazo “el Mecanismo se volverá ineficaz e insostenible, porque manteniendo la actual tendencia creciente, para 2024 serían aproximadamente 3 400 las personas acogidas al mismo”. Así se pronunció la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su documento Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo, que se elaboró a solicitud de la Secretaría de Gobernación.
Al señalar que los Estados deben evitar que los funcionarios públicos hagan declaraciones que estigmaticen a los periodistas, dijo que el Mecanismo debería dar seguimiento a las declaraciones de servidores públicos “que contribuyan a la estigmatización” y buscar que dichos funcionarios sean sancionados.
De acuerdo con datos del propio Mecanismo, tanto en lo que se refiere a ataques contra defensores de derechos humanos como contra periodistas, en 55% de los casos en que se identificó un posible o presunto perpetrador, “éste era un servidor público”,
En el diagnóstico, la ONU-DH es tajante al afirmar que los Estados deben respetar a los periodistas al “garantizar que sus funcionarios y funcionarias se abstengan de realizar declaraciones que contribuyan a la estigmatización”.
El panorama de funcionamiento del Mecanismo no es tranquilizador.
“Las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos humanos, son al día de hoy insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación”.
“El Mecanismo carece de suficiente personal especializado en materias como comunicación pública, gestión de recursos humanos, tecnología de la información o gestión de medidas políticas y vinculación con autoridades”.
Esta situación está directamente relacionada con el insuficiente presupuesto asignado al instrumento, ya que, señala, el presupuesto asignado para el 2019 es inferior al de 2018 y al de 2017.
Este lunes se divulgó el contenido total del documento, del cual ya se habían adelantado algunas partes a los medios hace algunas semanas. El diagnóstico se realizó por medio de entrevistas a funcionarios que trabajan en dicho Mecanismo, adscrito a la Secretaría de Gobernación y a personas que están bajo la protección del mismo.
Destaca que en cinco años no se ha aumentado la cantidad de funcionarios que trabajan en el Mecanismo, mientras que los usuarios han aumentado notablemente. “El total de 36 funcionarios que operan el Mecanismo se ha mantenido estable de 2014 a la fecha”.
Esto ha llevado “a que la proporción de personas beneficiarias que corresponderían a cada funcionario haya aumentado 235%” en dicho lapso, un total de 155 personas por funcionario.
Los recursos humanos son insuficientes porque los recursos económicos lo son. “Para el final de 2019, la Segob prevé que estará protegiendo 1 131 personas y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos”. Ante esta situación, la Segob “presentó el 4 de abril una solicitud adicional de 150 millones de pesos” que no ha sido atendida.
El diagnóstico agrega que los funcionarios encargados del Mecanismo “no cuentan con todas las herramientas necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida”.
Y como ejemplo menciona que el personal tiene el internet restringido desde las computadoras de la Segob (no se puede navegar en muchas páginas), “ni tiene acceso al correo laboral cuando están fuera de la oficina”.
Y la lista de fallas sigue: falta de enfoque de prevención, medidas meramente reactivas, fallas en los procesos de trabajo, pues cada oficina trabaja de manera diferente y una falta de capacidad para reaccionar ante las emergencias, ya que la central de monitoreo para asistencia “es operada por una empresa contratada para tal fin” que no conoce los casos ni “tampoco disponen de la misma capacidad de incidencia con las autoridades que puedan ser relevantes para actuar de manera inmediata”.
A todo ello se añade la falta de criterios para condenar los ataques por parte de servidores públicos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos para “que se inicie una investigación criminal e iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa”. Enfatiza que la Ley General de Víctimas “reconoce la particular vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
De acuerdo a la Ley del Mecanismo, se considera como “periodista” a las personas físicas y medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de otro tipo cuyo trabajo sea “recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”.
La ONU-DH señala que el reforzamiento de este instrumento en México “es de gran importancia para la comunidad internacional”, ya que “la protección de la labor de defensa de derechos humanos fue el tema que generó el mayor número de recomendaciones por parte de los países que analizaron México en el marco del Examen Periódico Universal”, en noviembre del año pasado.
Recuerda que el Mecanismo atiende “a cualquier persona defensora de derechos humanos o periodista que tenga un riesgo vinculado con su labor” y cuya intervención no dependa del fuero, federal o local, del caso concreto, lo que distingue al instrumento de otras instituciones.
