El comunicado de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) no deja duda alguna sobre cuál es una de las motivaciones centrales del gobierno del presidente López Obrador en el tema de los salarios mínimos, porque más que destacar cómo los incrementos previos se han traducido en una mejoría en el bienestar de los mexicanos, el boletín difundido por este organismo, después de informar la magnitud de los incrementos en los dos primeros párrafos, en el tercer párrafo desliza cuál es lo que ellos consideran el logro central, junto con la meta para el cierre de esta administración: “Con este aumento, México remonta ocho posiciones a nivel internacional en cuanto al salario mínimo, colocándose en el lugar 76 de 135 países. La aspiración en la presente administración es alcanzar una posición entre los primeros 60 países con mayores percepciones salariales”.
Esa aspiración exhibe con claridad que lo que realmente se busca es que México no aparezca tan mal en el comparativo de 135 países. No se aporta información sobre cómo se ha mejorado el poder adquisitivo de las familias, eso pareciera no ser el objetivo central. En el contexto de este anuncio, tal como ya se ha hecho costumbre con esta administración, diversos funcionarios del gobierno federal, desde la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como el de la Conasami, por citar algunos, han desdeñado preocupantemente la advertencia de representantes del sector privado y de analistas, en el sentido de que el incremento de 15 por ciento al salario mínimo bajo un escenario de una economía mexicana deprimida, con un horizonte de recuperación nada optimista, y con un mercado laboral seriamente afectado por la pandemia del Covid-19, es una medida que lejos de beneficiar puede terminar por provocar serios problemas a la economía, poniendo en entredicho la tímida recuperación que se espera para 2021.
El problema de los importantes incrementos al salario mínimo reside en el hecho de que se convierten en referencia o guía para las negociaciones salariales que ocurren cada año, por lo que pueden terminar por tener un efecto de contagio hacia el resto del mercado laboral. Lo que no es deseable en el contexto de una prospectiva de crecimiento de la economía poco alentadora.
No podemos pasar por alto que parte de la recuperación en el mercado laboral que ha venido reportando el INEGI en los meses recientes ha sido a través del empleo informal. De acuerdo con información de este instituto, 87 por ciento del empleo informal que se perdió como consecuencia de la pandemia, ya se recuperó. En el caso del empleo formal, al cierre del tercer trimestre de este año, solo se había recuperado el 34 por ciento.
Apenas el jueves 17, el INEGI dio a conocer la actualización sobre la medición de la economía informal, en este caso para 2019. Lo que debe resaltarse es que al cierre del año pasado, la economía informal había incrementado su peso en el PIB de México, al representar un 23 por ciento de este, mientras que en los años 2016 al 2018, había representado el 22.6 por ciento. Para muchos porristas de la 4T esta variación quizá no sea significativa, el problema es que va en sentido contrario a lo que cualquier gobernante de México debería buscar, que es reducirla.
Con lo observado este año, como efecto del choque producido por la pandemia del Covid-19 y la ausencia de medidas relevantes para ayudar al sector privado a navegar por las aguas agitadas de este 2020, a lo que hay que agregar el incremento excesivo al salario mínimo y los posibles efectos negativos sobre el empleo formal, que nadie se sorprenda con que el peso de la economía informal seguramente se incremente nuevamente cuando INEGI actualice la medición para 2020, tal como ocurrió en 2009, como resultado de la crisis económica del 2008-2009, cuando el peso de la economía informal llegó a ubicarse en 24.4 por ciento del PIB. Es altamente probable que la actualización para 2020 supere lo registrado en 2009.
Este es el contexto que deberían haber tomado en cuenta el presidente López Obrador y su equipo, que emocionados por incrementar el salario mínimo a base de decretos, se han olvidado que para que estos desplantes se traduzcan en una verdadera mejoría para el ingreso de las personas y su bienestar deben estar apuntalados en un conjunto de políticas públicas que mejoren la productividad de los trabajadores, entre las que se encuentran la promoción de la educación con calidad, un sistema de salud con mayor cobertura y calidad, y un estado de derecho que provea certeza a las empresas en sus relaciones laborales, aspectos todos en los que la actual administración lejos de haber logrado algún avance, se ha esforzado en desarmar el andamiaje que hasta hoy se había logrado construir.
Por cierto, los efectos indeseados provocados por la pandemia de Covid-19 sobre la economía mexicana aún no desaparecen del horizonte, por más anuncios que se hagan sobre que ya pronto se podrá ofrecer la vacuna contra el Covid a los mexicanos. El problema que enfrenta nuestro país no es el confinamiento en sí mismo, sino la falta de ideas para instrumentar medidas desde el gobierno federal que también ayuden a las empresas a enfrentar el choque, o peor aún, el enfoque revanchista con el que se analiza la problemática que enfrenta el sector productivo. El tamaño del incremento en el salario mínimo es un ejemplo de ello.
