Parece temporada de rectificación de errores o expiación de culpas: el gobierno financiará otra investigación de la CIDH por el caso Iguala, después de que el 30 de abril le diera las gracias por haber participado durante un año.
La CIDH (cuyo secretario general, Emilio Álvarez Icaza, anunció la quiebra de la organización por falta de aportaciones de países miembros) cobró aquí un millón de dólares por cada seis meses de trabajo. Ahora será fondeada de nuevo por el gobierno mexicano.
Pero Roberto Campa no ve problema en pagar porque tiren el trabajo del laboratorio del mundo (Universidad de Innsbruck), de más de 100 peritos, del Instituto de Biología de la UNAM, del Imperial College en Londres, la Oficina Forense de Norfolk…
Según el subsecretario de Derechos Humanos de Segob “No es un mecanismo costoso”. Y tiene razón. No hay dinero capaz de pagar la procuración de justicia, la defensa de los derechos humanos, ni la búsqueda de la verdad para castigar un crimen.
De lo que se trata en el caso Iguala es que el equipo de seis personas de la CIDH que indagó durante un año se limitó a negar la investigación oficial de que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula con una hipótesis de escritorio.
Su gran hit fue el informe del perito peruano José Torero, quien aseguró que la quema de cuerpo era imposible, a partir de “alguna variabilidad en la literatura” y con una visita de media hora al lugar de los hechos.
Pero Torero se desmintió después, al avalar el Grupo Colegiado de Expertos sobre Fuego (en el cual participó) que descubrió “elementos suficientes” para demostrar que fueron incineradas 17 personas y hubo un incendio controlado de grandes dimensiones.
En realidad, la CIDH se dedicó aquí a dilatar su investigación (con cuatro espaciados reportes), mientras sus seis expertos cobraban cinco veces más que los peritos de la PGR, quienes perciben un salario de 22 mil pesos mensuales.
Ahora la quebrada CIDH de Álvarez Icaza mitigará un tanto sus problemas, gracias al “mecanismo” poco costoso de Campa, aunque México es de los pocos países que tienen cubiertos sus aportes a la OEA, que es la que solventa a la CIDH.
En 2015, México entregó su cuota de cinco millones 620 mil 300 dólares. Brasil debía casi 15 millones y Venezuela cinco millones, aunque abandonó la CIDH por “servir a Estados Unidos para agredir a un gobierno socialista”.
Como sea, la CIDH regresa, ahora sin plazo determinado. Y Campa está feliz: el caso Iguala le devolverá los reflectores que le deslumbran.
Porque del resto de casos de derechos humanos en todo el país, no habla. Intentó con Nochixtlán…
Y se lo quitaron rápido.
Este artículo fue publicado en La Razón el 14 de julio de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
