Como los derechos humanos son una tendencia que surge en Europa tras un proceso histórico concreto, se encuentran con matices y dificultades al extrapolarse en otras latitudes a través de convenios diplomáticos que homogeneizan las leyes de los países suscritos. El ejemplo más claro de este desfase (y debido al clima político actual, el más tangible) es el que ocupa al libro de Gustavo Adolfo Hiriales Morán: México, ajustando cuentas con la historia (justicia transicional fallida) (CNDH, 2017).
La incompatibilidad entre la intención de instaurar un conjunto de principios en un Estado moderno y la realidad concreta del mismo, no es crítica. Incluso se han logrado avances importantes a lo largo del continente en algunos rubros, como los derechos a la autodeterminación que encabezan la agenda internacional (por ejemplo, al matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo o la despenalización de las drogas), y a la vez que sirve de faja ortopédica para que los estratos cuya ideología se resiste a este modelo, se acostumbren poco a poco a la transición. Sin embargo, hay situaciones en las que este espíritu de leyes se encuentra completamente estancado en América Latina, hasta el punto en que investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales publicaron recientemente una investigación en la que se cuestiona si el discurso de los derechos humanos no sería más que una herramienta que permitiría administrar la miseria gracias a la producción de cifras para obnubilar la creciente desigualdad social1.
La justicia transicional, tema que atañe a esta investigación, es aquélla que se ocuparía de resanar un tejido social que sufrió desgastes violentos a causa de acciones que en su momento fueron legales, aunque no necesariamente legítimas. Esto es, crímenes de lesa humanidad que se perpetraron bajo el amparo o la autoría de la administración estatal. Su origen, señala Hirales en la introducción, se puede rastrear hasta las comisiones de la verdad que colaboraron, en 1945, con los juicios militares de Núremberg y de Tokio, cuyo eje de acción era estudiar los testimonios de las víctimas de guerra para determinar las sentencias apropiadas contra los mandos militares de las naciones vencidas (toda vez que las instituciones castrenses rechazaban la culpa, mientras que las víctimas traumatizadas sobredimensionaban los hechos). De este modo, se buscaba dar paz a los sobrevivientes mediante la posibilidad del olvido.
De este modo, podríamos decir en términos llanos que se trata de un proceso que se resuelve cuando se instaura una pena por los crímenes de gobernantes que han dejado el poder.
Para que esta clase de justicia sea posible, no sólo es requisito que la administración que hubo perpetrado tales crímenes tenga fuera de su alcance la batuta del aparato penal o judicial: también debe haber sintonía en los deseos de resarcimiento de grandes porciones de la población. Así, en abstracto: la gente debe exigir justicia a una administración distanciada del régimen criminal. Sin embargo, tampoco es el propio gobierno el que enjuicia a sus predecesores: es necesaria la instauración de una comisión de la verdad que realice las diligencias previas al enjuiciamiento de alguna instancia parlamentaria o judicial.
Ya que en este continente inclinarse hacia la izquierda nunca se ha visto con buenos ojos, son pocos los casos en que se da un distanciamiento significativo de los responsables de, por ejemplo, las desapariciones forzadas que ocurrieron durante los setenta en Sudamérica o los desplazamientos forzados que se vivieron en Centroamérica durante los ochenta. El statu quo nunca ha cambiado tan radicalmente como ocurrió (por volver a citar los orígenes de la justicia transicional) en Alemania, tras la caída del Tercer Reich. Aunque no es una regla: existen casos, aunque son muy pocos si consideramos la gran cantidad de dictaduras impuestas que persiguieron y desaparecieron a cualquier cantidad de jóvenes, bajo el argumento de prevenir una insurrección socialista, durante los setenta y ochenta. Hirales Morán habla de un proceso con avances en Argentina y Uruguay, y de otros más lentos, pero en marcha, en Colombia, Guatemala, Honduras, Brasil… Pero ¿qué ocurre con México?
En la primer década del siglo, un tribunal federal exoneró de las acusaciones de genocidio que pendían sobre él, al expresidente Luis Echeverría, a quien se le atribuye ordenar la matanza de estudiantes en Tlatelolco y, cinco años más tarde, el llamado “Halconazo”, en el que también se encarceló y se torturó a la población estudiantil como política de Estado. Este personaje fue el único sometido a juicio, tras las investigaciones que realizó la Comisión de la verdad que se instauró durante el sexenio de 2000 a 2006 (Gustavo Díaz Ordaz, quien asumió toda la responsabilidad de la masacre de Tlatelolco, murió cerca de veinte años antes de que siquiera se concibiera hablar de justicia para los masacrados).
Se trata de el único caso en que se registra un esfuerzo por impartir esta clase de justicia en México y, señala el autor, fue de un intento fallido. Ello permite dar cuenta de las condiciones políticas que detonaron este proceso (es decir, la llamada “alternancia” partidista) y en su conato, de lo falaz que resultó el ademán de constituir una comisión de la verdad, ya que al final fue una maniobra que en lo concreto sólo tuvo consecuencias electorales.
Y, precisamente en estos meses en que la amnistía y la persecución están en boga como retóricas proselitistas, es indispensable repasar todos los casos (entre los que se encuentra el de Echeverría) que compila Gustavo Hiriales en esta investigación, en los que instituciones penales y militares ejercieron acciones ilegales y aún impunes para hacer frente, de manera alevosa, a la gente de a pie. Cabe señalar que también se da parte de las herramientas con las que consiguen empantanar estos proceso de justicia; por mencionar dos: los líderes de opinión alineados con el régimen y las investigaciones amañadas como política federal.
¿Será realista plantear un proceso de justicia transicional en México? Existe una voluntad manifiesta de justicia, pero el Estado no está dispuesto a admitir culpa alguna y menos aún, a castigarse.
Gustavo Hirales Morán fue miembro fundador de la agrupación político-militar “Liga comunista 23 de septiembre”, que operó a partir de 1973. Veintiún años más tarde, la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo sorprendió ocupando un cargo en la Procuraduría General de la República. Ha publicado otros títulos, como Memoria de la guerra de los justos, El complot de Aburto: la verdad sobre la muerte de Colosio y Camino a Acteal.
Referencias
1 Estévez, Ariadna, Vázquez, Daniel (coordinadores), 9 razones para (des)confiar de las luchas por los derechos humanos, FLACSO/UNAM, México, 2017:
http://www.flacso.edu.mx/publicaciones/novedades/9-razones-para-desconfiar-de-las-luchas-por-los-derechos-humanos/
