En una señal más de apoyo al régimen autoritario de Daniel Ortega, el gobierno de México se negó a suscribir una declaración de la ONU condenando la violación de derechos humanos de parte del gobierno de Nicaragua hacia su población.
Este martes, dentro de la ONU, un grupo de 59 países emitieron una declaración conjunta en la que llaman al gobierno orteguista a respetar los derechos humanos y garantizar elecciones libres en el país de cara al proceso electoral de noviembre próximo.
“La disolución arbitraria de los partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación”, señala la declaración.
A raíz del informe presentado la víspera por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michele Bachelet, sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el que expresó que hay países “preocupación”, se elaboró la declaración en torno a la situación en Nicaragua.
Dice el documento que los países firmantes comparten la preocupación de Bachelet sobre este país, “incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”.
Bachelet señaló, en su informe, que Nicaragua vive un deterioro grave en materia de derechos humanos y refirió que en los últimos días se ha recrudecido la violencia política, pues se han apresado a cinco aspirantes presidenciales, ocho dirigentes políticos y dos líderes sindicales, todos opositores a Daniel Ortega.
Asimismo, este 22 de junio Human Rights Watch publicó el informe Arremetida contra críticos. Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua, en el que afirma que “de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha iniciado una campaña de detenciones arbitrarias y persecución contra críticos del gobierno, incluidos prominentes opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas”.
Agrega la organización que “el gobierno se ha aprovechado de su mayoría en la Asamblea Nacional para adoptar restricciones amplias que socavan gravemente derechos humanos fundamentales, así como una “reforma” electoral que, en la práctica, facilita la posibilidad de inhabilitar a opositores políticos. El gobierno también ha retenido el control del Consejo Supremo Electoral (CSE), el organismo de supervisión electoral de Nicaragua, luego de que la Asamblea Nacional designara a nuevos miembros del CSE, todos ellos afines al gobierno. Pocos días después, este órgano canceló la personería jurídica de un partido de oposición que funcionaba como el vehículo electoral de una de las dos principales coaliciones opositoras”.
Se recordará que en 2018 surgió en dicho país centroamericano un movimiento popular para oponerse a la reforma al sistema de seguro social. Estas protestas rápidamente se extendieron por todo el país y a ellas se unieron estudiantes, profesores universitarios, amas de casa, periodistas e incluso, trabajadores de la propia burocracia.
Las protestas fueron mucho más allá de pedir la derogación de las reformas, que implicaban mayores impuestos, ya que se convirtieron en una exigencia de democracia, elecciones libres y la renuncia de Daniel Ortega, a quien señalaron de ser aún más sanguinario que el dictador Anastasio Somoza, a quien Ortega ayudó a derrocar, como parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una guerrilla que luego se convirtió en partido político.
El régimen orteguista respondió con matanzas, campañas de desprestigio en contra de la prensa, clausura de periódicos, sitios web y canales de televisión, incendios de estaciones de radio, retenes, ataques contra universidades y, tras semanas de protestas, con la derogación de las reformas.
Dicha decisión no frenó las protestas y aunque muchos pensaron que esta crisis sería el fin de la dictadura de Daniel Ortega, que comparte el poder con su esposa Rosario Murillo, no ha sido así y desde entonces organismos internacionales, como la ONU-DH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado la represión en contra de opositores y la falta de democracia en Nicaragua, ya que Ortega gobierna el país desde 2007.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado en todo momento cercanía y simpatía con el régimen de Daniel Ortega, de la misma manera que lo ha hecho con el de Nicolás Maduro en Venezuela.
Y, si en 2019, en plena efervescencia social en Nicaragua, no se pronunció en contra de la represión a la población de este país, ahora, en 2021, se negó a suscribir la declaración internacional exigiendo a ese gobierno respeto a los derechos humanos y elecciones democráticas.
Cabe señalar que AMLO ha dado señales de querer instaurar medidas similares a las que rigen en el gobierno de Ortega, pues en repetidas ocasiones se ha pronunciado por desaparecer o limitar al Instituto Nacional Electoral y tomar el control de las elecciones.
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