El entorno de Enrique Peña Nieto está bajo acecho. El diputado Luis Miranda ya está en el radar de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Esto es un paso importante que podría confirmar que Enrique Peña Nieto tarde o temprano será investigado, más allá de fintas y amagos.
Siempre es una tentación el proceder contra personajes del pasado y más aún cuando la popularidad del gobierno empieza a menguar, pero es evidente que no habrá nada en claro hasta después del verano, cuando quizá la emergencia por el Covid-19 haya pasado por los momentos más graves y empiece el retorno a la normalidad.
Miranda operó con la mayor confianza del entonces presidente de la República y le encargaron la subsecretaria de Gobierno, desde donde se ocupó, entre otras cosas, de las negociaciones con la CNTE en los momentos más álgidos.
Fue una cuña para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con la idea que se tenía de que era funcional colocar subsecretarios que no necesariamente respondieran a los titulares de las áreas, pero sí a Los Pinos.
Al final del sexenio lo colocaron en la Secretaría de Desarrollo Social, una de las áreas estratégicas por la operación de programas y recursos.
Una lectura interesante es que la pandemia se puede llevar por los aires los acuerdos, al menos tácitos, entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador y ello pudiera derivar en acusaciones.
Lo grave es que esto no necesariamente ocurrirá por necesidades jurídicas o hallazgos derivados de otros expedientes, sino por urgencias del índole política y eso no siempre termina bien.
En todo caso, el comportamiento de la actual administración, ante personajes del anterior gobierno, ha sido errático y hasta conflictivo, donde tenemos el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien tuvo la oportunidad de huir por varios meses y espera su extradición de España, acaso evaluando posibilidades de negociación, hasta Rosario Robles, titular de dos secretarÍas con Peña Nieto, la que está en prisión cuando la ley le otorga el derecho a enfrentar su juicio en libertad.
Sobre Gerardo Ruiz Esparza pareciera que se persiguen fantasmas, ya que los apremios de investigación coincidieron con la muerte de quien fungió como secretario de Comunicaciones y Transportes.
Pronto sabremos de qué tamaño son las averiguaciones y hasta dónde pueden conducir. Mientras eso sucede, no sería extraño que se utilizara como una vacuna, quizá no del todo eficaz, pero vacuna al fin, en tiempos por demás difíciles y cuando la rendición de cuentas se vuelve una cotidiana exigencia ciudadana para quienes ahora tienen la responsabilidad de gobernar.